Editorial

Existen medios de defensa, que los proveedores deben seguir o presentar en caso de que la autoridad pretenda incorporarlos a este listado por la presunción de operaciones inexistentes, pero el verdadero problema lo tienen los terceros perjudicados, es decir, los empresarios, quienes han cumplido con sus obligaciones en tiempo y forma, han pagado sus impuestos, y aun así terminan envueltos en este problema , ya que todos los comprobantes fiscales que hayan emitido con dichos proveedores, no podrán ser deducibles, y por lo tanto, la autoridad hace un ajuste y actualización en el pago de sus impuestos, exigiéndoles paguen cantidades exorbitantes.

Existe un procedimiento para las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes expedidos por un contribuyente de la lista negra de la autoridad, pero básicamente tiene solo dos opciones:

• Acreditar ante la autoridad que efectivamente adquirieron los bienes o servicios que amparen los comprobantes fiscales.

• Corregir su situación fiscal mediante declaraciones complementarias, esto es, pagar los impuestos supuestamente adeudados.

Pero al final del día, se ven afectados, porque es casi nulo el valor probatorio que le otorga la autoridad a la documentación que se aporte, realmente lo que busca es la recaudación de impuestos, obligando a los empresarios a regularizarse pagando.

La única manera de proteger su patrimonio y a sus empresas ante esta situación es a través de la “prevención”; esto es algo que debe hacer toda persona física o moral que realice actividades comerciales.

Aquí dejamos un listado de acciones sencillas pero efectivas, que puede permitir detectar a tiempo si uno de tus proveedores tiene este problema con el SAT, o en su caso, lograr una indemnización, y poder tomar las acciones pertinentes con toda oportunidad.

1. La más importante, revisar la lista que publica la autoridad, antes de realizar una transacción con un proveedor, y de manera posterior y constante, estando pendientes de cualquier publicación.

2. Celebrar contrato con todos los proveedores, incluyendo cláusulas, que permitan una indemnización económica, o cobro respectivo, inclusive embargo de bienes si es necesario, en caso de que el proveedor aparezca en el listado de la autoridad, aún y cuando sea en fecha posterior a la vigencia de la relación comercial.

3. Tener un expediente de cada proveedor, inclusive por operación, en donde se adjunte la información, documentación que demuestre la materialización del acto, como fotografías, contratos, fe de hechos, minutas, registros, grabaciones de videoconferencias, reuniones, audios de WhatsApp, correos electrónicos, comprobantes de viáticos, etc.

4. Tener un expediente fiscal del proveedor, donde conste que al momento de la firma del contrato y desarrollo de las operaciones que dieron vida a la emisión de los CFDI, el proveedor estaba localizado en el domicilio, y cumplía con los requisitos para efectos de prestar el servicio o adquirir los bienes, como lo es, la Constancia de Situación Fiscal vigente, la Opinión de Cumplimiento positiva mensual (tener una de cada mes, hasta que termine la relación comercial).

Lo anterior puede parecer exagerado, pero la realidad es que la autoridad nos ha orillado a exagerar, a solicitar más documentación e información de la necesaria, a guardar y documentar todas nuestras operaciones, porque todas y sobre todo las que impliquen un gasto, van a ser cuestionadas por la autoridad, ya sea a través del proveedor, o inclusive mediante el ejercicio de facultades de comprobación; por ello, como lo hacemos referencia, la única forma de evitar todo esto, es previniendo, imaginando que en cada operación tuviéramos que acreditarle a la autoridad que realmente se realizó.

El contrato con el proveedor es vital. Debemos prevenir y buscar soluciones por que la autoridad no va a descansar, nos corresponde a nosotros proteger nuestro patrimonio. La complejidad del sistema tributario hace que sea fundamental contar con el asesoramiento de un abogado fiscalista para garantizar el cumplimiento de todas las regulaciones y evitar posibles sanciones.