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MEXICALI.- La Oficina de las Naciones Unidas contra Droga y Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), la Secretaria Ejecutiva de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA BC) y la Coordinación Interinstitucional Contra la Trata de Personas, tuvieron sesión para, entre otras cosas, recibir material para la Casa de la Mujer Indígena de San Quintín.

Ante eso se destacó que, el Gobierno de Baja California, seguirá trabajando de la mano de las organizaciones que trabajen a favor de la gente, tal y como lo ha hecho durante su mandato el Gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez.

La Subsecretaria de Atención a Organismos de la Sociedad Civil, Bárbara Patricia Pacheco dijo lo anterior en la reunión que sostuvieron de manera presencial y virtual con la oficina de la ONU.

“El Gobierno de Baja California seguirá sumando este tipo de esfuerzos encaminados a ayudar a las mujeres de nuestra entidad, le damos las gracias a UNODC por su generoso donativo, tengan la seguridad de que seguirán teniendo en nuestro gobierno, la mejor de las disposiciones para seguir colaborando con ustedes”, dijo Pacheco Contreras.

El Especialista en análisis estratégico, implementación y enlace y coordinador de proyecto de UNODC, Mario Cordero, quien señaló que “es de vital importancia trabajar de la mano con las comunidades indígenas, poner en el centro de todas las acciones a las víctimas e incorporar una perspectiva de género y de derechos humanos”.

Y agregó: “UNODC en México está trabajando para que los centros de atención y refugio continúen prestando apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad y satisfagan sus necesidades diferenciadas, al tiempo que mantienen las medidas de higiene recomendadas para la contención del Covid-19”.

Durante la reunión, el UNODC, hizo entrega de material médico a la Casa de la Mujer Indígena (CAMI) en Baja California para fortalecer la asistencia inmediata que este organismo proporciona a víctimas de trata de personas y personas migrantes. La cooperación entre UNODC y la CAMI fue realizada en conjunto con el Gobierno de Baja California y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y fue posible gracias al financiamiento del Gobierno de Suecia.