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La Secretaría de Gobernación (Segob) trabaja para liberar a las personas que fueron procesadas o sentenciadas por interrumpir su embarazo; así como a aquellas que fueron encarceladas por participar en el proceso.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara el 7 de septiembre pasado que es inconstitucional criminalizar el aborto de forma absoluta, varias asociaciones feministas detectaron que en México hay más de 200 personas encarceladas por delitos relacionados con la interrupción del embarazo.

La directora de la organización Las Libres, Verónica Cruz, expuso en entrevista con EFE que las mujeres no están condenadas oficialmente por aborto, sino por delitos como homicidio en razón de parentesco, infanticidio, filicidio y omisión de cuidados.

Para liberar a las personas que fueron privadas de su libertad, la Segob trabaja con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), los sistemas penitenciarios y las defensorías públicas de las 32 entidades federativas.

La decisión de la Suprema Corte fue histórica, pues fue la primera vez que se pronunció a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales. Lo que permitirá liberar a todas las personas que decidieron sobre su cuerpo.

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