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Por Redacción | sábado, 6 de marzo de 2021
Crímenes de odio contra mujeres en Puebla han impulsado la reforma de leyes contra la violencia. (Créditos de diseño: Sam Navarrete)
Los casos de Olimpia Coral, Agnes Torres, Ingrid Escamilla, Mara Castilla y Mariana Fuentes, se han convertido en la bandera de lucha que millones de mujeres mexicanas han abrazado.
Puebla es un estado en el que los hombres no aman a las mujeres, pero sus casos de violencia han sido un parteaguas para hacer leyes que hoy intentan dar más seguridad a cada una de las poblanas, niñas, adolescentes, adultas y de la tercera edad, para que vivan libre de todo acto que atente contra su integridad física, psicológica o económica.
Durante la semana previa al Día Internacional de la Mujer, Revista Rayas, rinde honor, reconocimiento y agradecimiento a las mujeres que fueron víctimas de la violencia machista y que a razón de ello, hoy nos dejan un legado en el ámbito político de Puebla.
A ellas sólo nos queda agradecerles, por brindar un panorama mejor a las mujeres del presente y del futuro, por mostrarnos que la lucha por nuestros derechos sigue vigente, por ser la voz del cambio y por contribuir con su legado a la historia política de México.
1.- Olimpia Coral
Originaria del municipio de Huauchinango y con tan sólo 18 años, Olimpia Coral fue víctima de acoso digital por parte de su entonces pareja, tras difundir un video sexual sin su consentimiento. La joven fue seriamente criticada en redes sociales, la victimizaron y señalaron por el video.
Sin embargo, Olimpia estaba determinada a evitar que otras mujeres sufrieran el mismo destino que ella. Fue entonces que decidió crear una iniciativa de ley para castigar la violencia mediática, acoso, insultos y difusión de imágenes o videos de contenido íntimo sexual a través de los medios digitales y de comunicación.
El 20 de noviembre de 2020 la Ley Olimpia se volvió una realidad que hoy protege el derecho a la privacidad e intimidad de las mujeres, que se castiga con prisión, con la agravante en caso de ser cometido por alguien con quien la víctima haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza.
2.- Agnes Torres
Antes del crimen de odio cometido contra la activista transexual Agnes Torres, la joven hizo historia por su trabajo en materia de derechos humanos en pro de la comunidad LGBTTTIQ+.
A finales de 2011 y principios de 2012, su trabajo la llevó a ser reconocida como una de las activistas trans más importantes del país. El 10 de marzo de 2012 su cuerpo fue encontrado a un costado de la autopista Siglo XIX y su asesinato fue catalogado como un crimen de odio y trasnfobia.
Agnes dejó dos legados que hoy apelan a favor de las personas trans en Puebla: la reforma al Código de Defensa Social para añadir el término “crimen de odio” como agravante en un homicidio por género u orientación sexual, generando condenas de hasta 13 años de cárcel para los responsables.
Por otro lado, la iniciativa de reforma conocida como Ley Agnes apenas fue aprobada por el Congreso local de Puebla y reconoce la identidad de las personas trans.
3.- Ingrid Escamilla
El domingo 9 de febrero de 2020, uno de los cientos de feminicidios que tienen lugar en México, estremeció al país entero.
Ingrid Escamilla, una joven profesionista que salió de la comunidad de Juan Galindo con la esperanza de encontrar mejores oportunidades laborales en la Ciudad de México, fue asesinada por su entonces pareja Erick N.
La indignación por el caso de la joven poblana alcanzó a las redes sociales, donde miles de personas, en su mayoría activistas feministas, exigieron que las grotescas fotografías fueran eliminadas de la red, lo que más adelante dio paso a lo que hoy conocemos como #LeyIngrid.
La #LeyIngrid fue aprobada en el Congreso de la Ciudad de México para multar o castigar con dos o hasta seis años de cárcel a policías, peritos, ministerios y servidores públicos que difundan material gráfico y de video de las víctimas de homicidios y feminicidios.
4.- Mara Fernanda Castilla
En una noche de fiesta con sus amigos en Cholula, Mara abordó una unidad del servicio de transporte privado Cabiy la madrugada del 8 de septiembre de 2017 para regresar a casa de manera “segura”. Sin embargo, a pesar de haber llegado a su destino, nunca bajó del vehículo.
Al día siguiente, amigos y familiares comenzaron a circular la foto de la joven en redes sociales, con la esperanza de dar con su paradero, una campaña a la que se unió la empresa Cabify después de que el conductor Ricardo Alexis N fue señalado como el principal sospechoso de su desaparición.
El 13 de septiembre, Ricardo Alexis fue detenido en Terrenate, Tlaxcala, y dos días después el fiscal general del estado, Víctor Carrancá Bourget dio a conocer que este hombre secuestró a la estudiante de la UPAEP, la llevó a un motel ubicado al sur de la ciudad, abusó de ella, la asesinó y abandonó su cuerpo. Devastados, los padres de Mara interpusieron una demanda contra Cabify por daño moral.
5.- Mariana Fuentes
A esto se sumó el caso de otra joven estudiante, Mariana Fuentes Soto, compañera de la BUAP, quien sufrió el mismo destino que Mara a manos de un conductor de UBER, el 30 de septiembre de ese mismo año, que casi le cuesta el permiso de operación a la app de transporte.
El entonces gobernador, Antonio Gali Fayad envió una iniciativa de reforma de la Ley de Transporte al Congreso para obligar a las empresas a verificar la identidad de sus conductores, brindarles capacitación en materia de derechos humanos con perspectiva de género, la habilitación de botones de pánico disponible para los usuarios y el acceso a la geolocalización de los vehículos.
El impacto a nivel nacional se hizo presente en la Cámara de Diputados, donde el secretario de la Comisión de Transportes, Arturo Santana Alfaro mencionó que deben existir sanciones penales severas para las compañías de apps móviles que incurran en este tipo de crímenes.