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Más de 8.000 ciudadanos magrebíes y subsaharianos, la mayoría jóvenes y menores de edad en situación de pobreza, lograron llegar esta semana al enclave español de Ceuta, situado en el norte de África, nadando desde las playas marroquíes limítrofes. Según el Ministerio del Interior, España ha expulsado a Marruecos a unas 7.000 personas.

En plena crisis bilateral con España, Marruecos dejó de reprimir el movimiento en la frontera, levantando durante unos días las medidas disuasorias contra las personas candidatas a migrar hacia la Unión Europea (UE). El cese de la vigilancia y la desesperación por salir de la pobreza agravada por la crisis económica que atraviesa Marruecos provocaron un éxodo sin precedentes hacia el enclave español.

El rumor de que la frontera estaba abierta corrió rápidamente por el norte del país y miles de personas naturales de las localidades cercanas a Ceuta y otras personas migrantes de origen subsahariano se lanzaron a cruzar los espigones fortificados que separan el enclave español del territorio marroquí. En menos de 48 horas llegaron a la frontera otros miles de familias y grupos de personas jóvenes procedentes de diferentes lugares del país con la voluntad de emigrar.

La crisis hace estragos en Marruecos, donde más del 30 % de los jóvenes en edad de trabajar, según el Alto Comisionado de Planificación (HCP por sus siglas en francés), están desempleados. Entre las regiones más empobrecidas se halla precisamente el norte del país, cuya economía se paralizó tras el cierre de las fronteras terrestres con los enclaves españoles de Ceuta y Melilla en 2020 y la prohibición del contrabando, sumándose ahora la caída del turismo como consecuencia de la pandemia.

Expulsiones y más dinero para controlar las fronteras

Tras la llegada de los primeros miles de ciudadanos a nado, España desplegó unidades del Ejército de tierra, cuyos tanques se estacionaron en la arena de la playa, para recibir y retener a los migrantes. Según el Ministerio del Interior, 7.000 personas han sido devueltas a Marruecos. Ha habido retornos voluntarios, pero la mayoría de las devoluciones se han ejecutado en caliente y no hay registros ni documentación que permita identificar a quienes llegaron ni a quienes fueron expulsados.

En España, las expulsiones inmediatas están recogidas como “rechazo en frontera” en la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana desde 2015. También se contemplan en el acuerdo bilateral de readmisiones firmado con Marruecos en 1992. No obstante, este acuerdo establece que los ciudadanos devueltos han de ser asistidos y su admisión en Marruecos documentada, siendo deportados posteriormente a su país de origen en caso de no ser marroquíes.

El Tribunal Constitucional español, en sintonía con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), también avala las devoluciones inmediatas, pero especifica que solo pueden aplicarse en “entradas individualizadas”, “en cumplimiento de las obligaciones internacionales” y con “control judicial”.

En conversación con este medio, Patricia Fernández Vicens, abogada de la Coordinadora de Barrios y conocida en la frontera por asistir casos de personas migrantes, afirma que no se cumplen los requisitos que especifica el TEDH. “El puesto fronterizo está cerrado y no se puede solicitar protección”, dice, “entre los compromisos internacionales a respetar se halla el derecho a pedir asilo”.

En el caso de los menores de edad, “todas las entregas a Marruecos son ilegales sin un expediente de repatriación con fines de reagrupación familiar”, explica la abogada. Aunque Interior no ha confirmado la expulsión de menores, tampoco niega su ejecución. Numerosas organizaciones y periodistas sobre el terreno han denunciado el retorno de niños, además de las condiciones deplorables en las que se ha acogido a 750 de ellos en polígonos y centros hacinados a la espera de saber qué procedimiento se les va a aplicar.

El colectivo Caminando Fronteras también ha denunciado que 2000 ciudadanos subsaharianos han sido desplazados forzosamente al sur de Marruecos y han reportado lesiones físicas provocadas durante la expulsión de Ceuta por parte del Ejército español y la policía marroquí. Entre estas personas se han localizado familias monoparentales, niños pequeños, adolescentes solos y refugiados de guerra.

Con tal de reestablecer los controles, España desbloqueó de urgencia 30 millones de euros destinados a que Marruecos siga ejerciendo la vigilancia sobre la frontera sur occidental europea bloqueando el movimiento de personas migrantes, labor que el país desempeña desde hace décadas como consecuencia de la externalización de fronteras de la UE.

La mayor crisis diplomática entre España y Marruecos en 20 años

La entrada en Ceuta de miles de migrantes llegados desde Marruecos provocó tensión en España y agravó las relaciones entre ambos países, que atraviesan su mayor crisis diplomática en veinte años. El cese de la vigilancia en la frontera se produjo en un contexto de enfado del país magrebí por la hospitalización en España del líder independentista saharaui Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario.

La escalada empezó en abril, cuando los servicios secretos marroquíes constataron la presencia de su enemigo saharaui en territorio español, donde permanece hospitalizado. Rabat pidió explicaciones y la diplomacia española justificó la acogida “por razones humanitarias”, lo que enfadó aún más a Marruecos, que ahora exige a España juzgar al combatiente por crímenes de lesa humanidad y la garantía de que no saldrá del territorio “con opacidad” como condiciones para saldar la crisis.

Tras haber sido llamada a consultas por Rabat, la embajadora de Marruecos en España no volverá a Madrid “mientras dure la crisis, y la crisis durará mientras continúe su verdadera causa”, sentenció ante los medios el ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita, tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Bourita responsabilizó a la “inacción de las autoridades españolas” y a la “fatiga” de su policía debido “a las fiestas de fin de Ramadán”, tal y como recogió la agencia EFE.

El Gobierno español, consciente de lo que supone haber externalizado el control de las fronteras al régimen marroquí, interpretó las llegadas a Ceuta como un “desafío”, en palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y un “chantaje” según la ministra de Defensa, Margarita Robles. La ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, también expresó su “rechazo a la entrada de migrantes” a la embajadora marroquí, Karima Benayech, quien antes de abandonar España recalcó que “hay acciones que tienen consecuencias y se deben asumir”.

Aunque no se ha prohibido su salida de España y se niega a firmar la citación, Brahim Ghali ha sido llamado a comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 1 de junio por las dos causas abiertas: delitos de genocidio, a raíz de una querella interpuesta por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos, y detención ilegal, torturas y crímenes de lesa humanidad, causa que parte de una denuncia del activista saharaui Fadel Mihdi.

Cabe recordar que el Sáhara Occidental fue colonia española hasta 1975, cuando las autoridades españolas lo entregaron a Marruecos y estalló el conflicto por el territorio, que aún figura como territorio no autónomo en las Naciones Unidas, siendo España la potencia administradora.

En un momento crucial para la diplomacia marroquí tras el reconocimiento estadounidense de su soberanía sobre el Sáhara Occidental, Marruecos busca un acercamiento de España hacia su proyecto de autonomía -bajo soberanía marroquí- para el Sáhara tal y como ha hecho Francia, principal valedor de Marruecos en esta cuestión ante la Unión Europea.

- France24, con información de EFE