Editorial

Es notorio que la gobernadora de Estado, Marina del Pilar ha tomado riegos que en caso de ser exitosos, demostrará que sabe cómo manejar a Baja California. Uno de esos riesgos es la creación de la Secretaría de Protección Ciudadana, con la que busca regresarle al Estado nuevamente la tranquilidad en cuestiones de seguridad.

En los últimos días, Baja California y en especifico Tijuana, han estado en boca del mundo pero de manera negativa, esto después de los asesinatos del foto periodista, Margarito Martínez y de la periodista, Lourdes Maldonado, de quienes no se ha sabido la razón, ni quienes son los responsables de dichos ataques.

La primer reacción de la gobernadora después del primer asesinato, fue perfeccionar el sistema de protección al periodista, mismo que el gobierno de Jaime Bonilla dejó inconcluso y aunque se le olvide a aquel gobierno, yo les recordaré que de hecho, sí hubo persecución a la libertad de expresión. No se puede olvidar el asesinato del comunicador Mariano Soto, el cual hasta hoy no se ha esclarecido.

Los acusados de ese delito fueron el ex Alcalde y hoy Diputado, Arturo Gonzalez Cruz, el ex Secretario de Seguridad, Jorge Ayón y el ex Secretario de Desarrollo Económico, Arturo Perez Behr, pero esa es otra historia.

Regresando al tema, siempre habrá algunos políticos que le sacan la vuelta al trabajo y otras más a quienes les gusta demostrarles a los que nos roban la tranquilidad, que el que manda, es el gobierno.

La gobernadora se aventó el paquete más grande en su administración, al decir que trabajará con toda la fuerza de su gobierno para dar a conocer quién está detrás de estas ejecuciones.

Pero como dicen por allí “De lengua me puedo comer dos tacos” y para que no quedara en un discurso político, la gobernadora regresó a pocos días de dar a luz a su pequeño hijo Diego para demostrar que ella es la capitana de este gobierno. Delante de la prensa anunció que presentará ante el Congreso de Baja California, una reforma al Código Penal para que todo aquel culpable de asesinar a un periodista tenga una pena máxima de hasta 60 años de prisión. Con esto se garantizará la protección a la seguridad y la vida de los profesionales de la comunicación.

Esta es la diferencia entre un político que habla muy bonito y otro que realmente hace su trabajo.

Ojalá el Congreso del Estado de inmediato apruebe esta iniciativa y no politicen el tema, pues está en riesgo la libertad de expresión así como la vida de las personas que intentamos decir la verdad de lo qué pasa en nuestro Estado aunque se incomoden algunos.

Así como su servidor es crítico de las malas acciones, también reconozco cuando se hacen bien las cosas.