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Editorial

PLANO LEGAL: UNA ELECCIÓN QUE COMPROMETE LA DEMOCRACIA

Por Redacción | miércoles, 18 de junio de 2025

EMX-PLANO LEGAL: UNA ELECCIÓN QUE COMPROMETE LA DEMOCRACIA

Mtro. Leonardo Abarca Jiménez Socio Director de Grupo Uno Abogados.


La jornada electoral del pasado 1 de junio de 2025, convocada para elegir a las personas juzgadoras que integrarán tanto el poder Judicial Federal como los poderes judiciales de las entidades federativas, ha encendido señales de alarma en diversos sectores de la sociedad mexicana. No solo por el contrasentido en cuanto a la naturaleza de la elección misma, sino sobre todo por la cantidad y gravedad de las irregularidades que se registraron durante el proceso, y que han puesto en duda no solo la legitimidad de los resultados, sino también el rumbo democrático que México había venido construyendo con mucho esfuerzo durante las últimas décadas, y con esto ni siquiera estoy cerca de insinuar que teníamos un sistema democrático perfecto.
El Instituto Nacional Electoral (INE), en un reconocimiento inusual por la línea que había venido manejando de apoyo total al partido oficial, admitió que al menos 818 casillas presentaron prácticas fraudulentas. Como consecuencia, el cómputo nacional de votos fue ajustado y se anularon más de 3.7 millones de sufragios, la mayoría provenientes del estado de Chiapas, el cual concentró el 70% de las irregularidades detectadas.
Los testimonios y pruebas recabadas por observadores ciudadanos, académicos y medios independientes refuerzan la gravedad de la situación. Se reportaron boletas marcadas previamente, muchas de las cuales no mostraban los dobleces característicos que deberían presentar tras haber sido depositadas en las urnas. Se identificaron casillas con una participación del 100% o incluso superior al padrón registrado. En otros casos, el volumen de votos contabilizados en algunas casillas requeriría más de 24 horas, algo así como que cada elector votar en menos de un minuto sin interrupción alguna, lo cual evidentemente no es viable.
Uno de los aspectos más preocupantes fue la presencia generalizada de “acordeones” o listas con nombres sugeridos, que circularon abiertamente antes y durante el día de la elección, “casualmente” los nombres de los candidatos que ahí se contenían coincidieron en un 80% con los candidatos que resultaron ganadores. Esto refuerza la hipótesis de una votación inducida, controlada e incluso manipulada. También hubo reportes de candidatos que obtuvieron la totalidad de sus votos en una sola casilla, lo que hace dudar seriamente de la transparencia del proceso.
Frente a este cúmulo de irregularidades, cabría esperar una respuesta institucional contundente. Sin embargo, la decisión del INE fue profundamente decepcionante para quienes esperaban un ejercicio democrático ejemplar por parte del arbitro electoral. En una votación dividida entre sus once consejeros, cinco votaron en contra de declarar la validez de la elección, pero seis optaron por validarla, pese a la gran evidencia disponible. Esta decisión, más allá de su formalidad legal, representa un golpe a la credibilidad institucional del órgano electoral y a su papel como garante de los principios democráticos.
La elección del Poder Judicial bajo estas condiciones no solo pone en entredicho la representatividad de las personas juzgadoras supuestamente electas, sino que representa un serio retroceso en materia de independencia judicial y división de poderes. La propuesta de elección directa de jueces, magistrados y ministros —impulsada y promovida por el partido oficial bajo la bandera de una “reforma judicial democrática”— ha terminado por revelar su verdadero rostro: un intento deliberado y sistemático de controlar el Poder Judicial desde el Ejecutivo y sus mayorías legislativas.
El resultado de esta elección deja claro que el objetivo fue alcanzado: colocar perfiles afines al partido oficial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debilitando su autonomía y abriendo la puerta a decisiones judiciales subordinadas a intereses políticos. El riesgo no solo es institucional: es estructural. La confianza ciudadana en el sistema de justicia queda profundamente minada, y con ello, el principio de legalidad que sustenta la vida democrática del país. Y con ello no quiero decir que no hay candidatos con buenos perfiles y que hicieron campaña cumpliendo las formalidades y que obtuvieron los votos necesarios para resultar legítimamente ganadores, pero tristemente creo que esos buenos candidatos son la excepción en la elección.
Este proceso también debe encender las alarmas sobre lo que podría venir. Si este modelo electoral, plagado de irregularidades y convalidado por arbitro electoral (INE) -cabe hacer mención que la última palabra sobre la validación de la elección será la que tenga la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-, se convierte en el nuevo estándar, estaríamos ante una regresión autoritaria de enormes proporciones. El mensaje que se envía es claro y preocupante: se puede ganar una elección, incluso una que define el rumbo de uno de los tres poderes del Estado, manipulando la voluntad popular sin consecuencias reales.
México ha avanzado con mucho esfuerzo hacia un sistema democrático con instituciones relativamente sólidas -reitero, no perfectas-, elecciones competitivas y mecanismos de control y rendición de cuentas. Lo ocurrido el 1 de junio parece haber ignorado deliberadamente ese camino. Más allá de los resultados oficiales, lo que se ha puesto en juego es la integridad de cualquier proceso democrático en sí mismo.
Es urgente que la sociedad civil, la academia, los colegios de profesionistas, los medios y todos los sectores comprometidos con el Estado de Derecho levanten la voz ante este retroceso. La elección del Poder Judicial no puede ser una simulación revestida de legalidad. Debe ser un ejercicio transparente, equitativo, informado y libre. Lo ocurrido en esta jornada electoral no puede repetirse. La sociedad y la democracia mexicana merecen mucho más.

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