Editorial

De todas las reformas fiscales, sin duda la de este año 2026 será la que marcará la pauta de como la autoridad ejercerá sus facultades de comprobación en los próximos años; sin duda no tendrá limites, incorporar la parte digital es un claro ejemplo de la visión del SAT, en cuanto al alcance que tendrá su poder de fiscalización.

La intimidación jugará un papel vital para la autoridad, mientras que actualmente una visita domiciliaria puede extenderse entre 12 y 18 meses, con este nuevo esquema la autoridad tributaria tendrá facultades para determinar en apenas 20 días hábiles si una empresa emitió comprobantes fiscales falsos; pero la parte de verdad preocupante, no es que la revisión dure poco tiempo, al contrario esto parecería beneficiar al contribuyente visitado porque se libraría del paso de la autoridad en pocos días; lo que realmente estructuró la autoridad, fue que estas revisiones, tengan aparejada la suspensión del sello digital del contribuyente revisado, desde el día uno, hasta la conclusión de la revisión, y solo en caso de logre desvirtuar la presunción, pague los impuestos, multas o créditos fiscales que la autoridad considere.

Ahora si, 20 días son una eternidad, el panorama cambia totalmente, la intimidación, el miedo, la desesperación de no poder operar, facturar, jugara un papel crucial, y al final los contribuyentes pagaran lo que la autoridad decida deben pagar.

No debemos olvidar que todas las practicas de la autoridad para fiscalizar y recaudar impuestos siguen vigentes, si bien aumenta nuevas tácticas, las cartas invitación, los requerimientos, el programa de vigilancia profunda, siguen vigentes, porque siguen siendo medidas rápidas por las cuales la autoridad fiscal ejerce presión en contra del contribuyente, obligándolo a que de manera voluntaria corrija su situación fiscal y pague lo que la autoridad decida.

Otra estrategia de la autoridad para recaudar impuestos de manera voluntaria por parte del contribuyente, son todas estas herramientas disfrazadas de estímulos, programas, o beneficios para los contribuyentes; porque ahora, en vez de idear estrategias de defensa legal en contra de créditos fiscales del SAT, buscaran alternativas para pagar, con los beneficios que la autoridad otorga, cayendo nuevamente en cumplimientos voluntarios y pago de impuestos que muchas veces no debía el contribuyente.

Como es notorio, estamos ante una nueva era, donde la autoridad determinará los impuestos que se deban pagar, ya lo venía haciendo, con declaraciones fiscales auto llenadas, sin embargo, ahora el panorama de la autoridad se amplió, porque va sobre cumplimiento espontaneo de contribuyentes de impuestos omitidos, posibles multas y créditos fiscales.

 Ante este panorama incierto, no debemos olvidar que la defensa fiscal subsiste, definitivamente no podemos quedarnos en las estrategias de defensa de años atrás, porque la autoridad ha evolucionado, y la defensa fiscal debe cambiar también.

Las estrategias de defensa no pueden plantearse una vez que se tenga el crédito fiscal, deben ser preventivas, debemos defendernos antes del ataque de la autoridad. Con estructuras sólidas, con protección fiscal y patrimonial, con contabilidades estructuradas y con bases defendibles, y con la capacitación de todos los derechos que tienen los contribuyentes y lo que puede y no puede hacer la autoridad.

Si bien, la autoridad apretó los engranes en temas de garantías de créditos fiscales, lo que motiva a que tengamos entonces el plan B, una sola empresa no es viable, debemos tener estrategia corporativa, y hacerlo constar en los contratos con nuestros clientes y proveedores, poder en momento dado cambiar de razón social, y facturar a través de otras empresas del grupo.

La defensa fiscal, no solo es interponer un juicio contencioso administrativo o un amparo, es tener protección fiscal, patrimonial e incluso penal, contar con estrategias contable, corporativas y jurídicas.

No debemos dejarnos engañar con facilidad, pagar créditos fiscales bajo programas de amnistías fiscal para este 2026, será igual como aceptar las conductas infractoras, admitir la omisión de impuestos, y recordemos, la autoridad fiscal siempre tiene una jugada oculta, el inicio del procedimiento penal es una facultad que puede ejercer de manera paralela o independiente de una Auditoría, reconocer un adeudo fiscal y pagar bajo programas con estímulos fiscales, no significa que el delito de defraudación fiscal no pueda configurarse y la autoridad puede ejercer la acción penal en contra de los contribuyentes.

Las reformas también impactan directamente en la práctica profesional. El contador deberá denunciar hechos probablemente constitutivos de delito fiscal directamente ante el Ministerio Público, y no solo ante el SAT, es la tendencia de la autoridad.

Esta situación eleva sustancialmente el riesgo legal y la responsabilidad profesional del contador. La obligación de reportar un posible delito a una autoridad penal, en lugar de una administrativa, exige a los profesionales de la contaduría realizar una labor exhaustiva y continua de sus clientes.

En el próximo 2026, el contador se convierte en un actor clave en la prevención, y debe garantizar que la información financiera que dictamina sea completamente verdadera, modificando la dinámica de confianza y exigiendo mayor rigor en la aceptación de la información de sus clientes.

La defensa fiscal estratégica es y será fundamental para cualquier empresa, particularmente para este próximo 2026. En nuestro país, contar con un especialista en la materia fiscal, contable, jurídica y penal, será la clave para resolver problemas fiscales y tomar decisiones financieras inteligentes.