Editorial

Cuando el derecho a la salud se convierte en trámite: la realidad del ISSSTE en Ensenada

En México, el derecho a la salud no es una concesión ni una aspiración. Es una garantía constitucional. El artículo 4º de nuestra Carta Magna establece con claridad que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y que el Estado debe asegurar el acceso efectivo a servicios médicos de calidad, oportunidad y suficiencia, con especial atención a grupos vulnerables, entre ellos las personas adultas mayores.

Sin embargo, cuando ese derecho se confronta con la realidad cotidiana de quienes dependen del sistema de salud pública, la distancia entre lo que la ley garantiza y lo que se vive resulta preocupante. En la Clínica Hospital del ISSSTE en Ensenada, Baja California, esa distancia no es teórica. Es palpable, medible y, en muchos casos, documentada.

La burocracia como obstáculo, no como garantía

Uno de los principales problemas que enfrentan los derechohabientes del ISSSTE es la excesiva carga administrativa para acceder a servicios médicos especializados. El proceso, que debería ser ágil y orientado al bienestar del paciente, se convierte en una cadena de trámites que prolonga la espera, retrasa diagnósticos y, en consecuencia, pone en riesgo la salud. La obtención de citas con médicos especialistas no responde a la urgencia clínica, sino a la disponibilidad burocrática. Las semanas se convierten en meses, y los meses en una incertidumbre que el paciente debe sobrellevar sin alternativas reales.

Más grave aún resulta el procedimiento para la autorización de medicamentos. En múltiples casos, aun cuando un médico especialista del propio sistema prescribe un tratamiento, la validación del mismo debe escalar hasta oficinas centrales en la Ciudad de México.

Esta práctica no solo retrasa el acceso a medicamentos esenciales, sino que plantea una pregunta de fondo: ¿no existe confianza en el criterio de los propios especialistas del sistema? El resultado es una paradoja: el paciente tiene diagnóstico, tiene receta, pero no tiene acceso oportuno al tratamiento.

La tardanza que deteriora la salud

El tiempo en salud no es un elemento secundario. Es determinante. Cuando un paciente requiere atención especializada y esta se posterga por trámites administrativos, el problema deja de ser organizacional para convertirse en clínico.

En Ensenada, se han documentado casos donde la autorización para recibir atención en otras unidades hospitalarias —ante la inexistencia de servicios locales— tarda lo suficiente como para agravar condiciones médicas que, atendidas a tiempo, habrían tenido mejor pronóstico.

La movilidad del paciente se convierte en otro obstáculo. No basta con que el servicio exista en otra ciudad o estado; se requiere autorización formal, lo que implica nuevamente tiempos prolongados y procesos que no siempre consideran la urgencia médica.

La salud no debería depender de la velocidad de un trámite.

El límite del presupuesto como barrera al derecho

Uno de los señalamientos más preocupantes es la indicación a pacientes de que, en determinadas etapas del año, ya no existe presupuesto disponible para servicios médicos subrogados. Esto implica que, aun cuando el sistema no pueda ofrecer el servicio de manera directa, tampoco se garantiza su acceso a través de alternativas externas.

Este argumento resulta particularmente delicado, considerando que los derechohabientes del ISSSTE cumplen de manera constante con sus aportaciones. Las cuotas descontadas no son simbólicas: representan una contribución real que debería traducirse en servicios médicos oportunos y de calidad. El derecho a la salud no puede condicionarse al calendario presupuestal.

Diferencias internas, consecuencias externas

Otro aspecto que no puede ignorarse es la influencia de dinámicas internas dentro de las unidades médicas. Las diferencias de carácter administrativo o político entre niveles de decisión impactan directamente en la operación de los servicios. Esto se traduce en falta de coordinación, retrasos innecesarios y, en algunos casos, en decisiones que no responden al interés del paciente, sino a lógicas internas de funcionamiento.

Cuando los desacuerdos institucionales afectan la atención médica, el sistema deja de cumplir su propósito fundamental.

La evidencia existe

No se trata de percepciones aisladas. Existen elementos documentales, testimoniales y administrativos que evidencian el deterioro en la atención médica en la ciudad de Ensenada dentro del sistema ISSSTE.

Se cuenta con registros de: retrasos prolongados en la asignación de citas, tardanza en autorizaciones de medicamentos, procesos administrativos innecesariamente complejos, negativas o diferimientos en servicios subrogados, respuestas institucionales tardías o insuficientes.

También existen pruebas de actitudes de apatía en la atención, así como de ineficiencia en la gestión de trámites que deberían resolverse con mayor agilidad.

Señalar estos hechos no busca desacreditar al personal médico, que en muchos casos realiza su labor con compromiso dentro de un sistema limitado. La crítica está dirigida a la estructura que obstaculiza su trabajo y afecta al paciente.

El impacto en la población adulta mayor

Si este escenario resulta complejo para cualquier persona, lo es aún más para la población adulta mayor. Las personas mayores requieren: mayor continuidad en la atención, acceso oportuno a medicamentos, menor carga administrativa, acompañamiento en procesos médicos.

Sin embargo, el sistema actual les exige exactamente lo contrario: más trámites, más traslados, más espera. Esto contradice no solo principios de salud pública, sino también el mandato constitucional de atención prioritaria.

Una denuncia con esperanza

Esta columna no busca ser un ejercicio de confrontación, sino de responsabilidad social. La denuncia aquí expresada se sustenta en hechos observables y en evidencia disponible, y se formula con la esperanza de que sea conocida por las autoridades correspondientes.

Se espera que esta reflexión llegue a la Delegación del ISSSTE en Baja California, las autoridades centrales en la Ciudad de México, y a quienes tienen la capacidad de corregir estas fallas estructurales. El objetivo no es señalar por señalar, sino contribuir a mejorar.

El derecho a la salud no puede diluirse en procedimientos administrativos. No puede depender de autorizaciones tardías ni de decisiones centralizadas que desconocen la urgencia local. Ensenada no es una excepción: es un reflejo de un problema mayor que requiere atención inmediata.

Corregir estas fallas no solo es una obligación legal. Es una responsabilidad ética. Porque cuando el sistema de salud falla, no falla una institución. Falla la garantía de derechos. Falla la confianza. Y, en muchos casos, falla la oportunidad de vivir mejor.

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