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Nacional | martes 05 de mayo
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Por Redacción | martes, 5 de mayo de 2026
Por Armando Maya Castro
Han transcurrido 165 años desde la promulgación de la Ley de Libertad de Culto, pieza fundamental del legado de Benito Juárez y de los legisladores liberales del siglo XIX. Promulgada el 4 de diciembre de 1860, en Veracruz, durante el periodo de las Leyes de Reforma, esta disposición marcó la separación definitiva entre el Estado y la Iglesia, al garantizar el derecho de los ciudadanos a profesar la religión de su elección o a no practicar ninguna.
Aunque esta ley representó un avance decisivo en una época en la que la religión mayoritaria ejercía una influencia determinante en la vida pública (herencia del periodo virreinal), la libertad de culto sigue siendo un tema vigente en la sociedad contemporánea. El problema no radica en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado que su administración respeta las creencias religiosas del pueblo de México, en apego a los principios de libertad y laicidad del Estado.
En este contexto, el marco constitucional garantiza el derecho de toda persona a profesar, practicar y difundir libremente sus convicciones religiosas, sin imposición ni discriminación. Sin embargo, los desafíos actuales no son únicamente legales, sino sociales y políticos: persisten actos de intolerancia, prejuicios arraigados y, en algunos casos, intentos de injerencia que buscan limitar o debilitar la presencia de minorías religiosas.
De ahí que el reto sea también cultural. Implica fortalecer una convivencia basada en el respeto mutuo, la inclusión y el reconocimiento pleno de la diversidad de creencias, principios que no solo deben resguardarse en la ley, sino vivirse cotidianamente en la vida pública y social.
En suma, a más de siglo y medio de la trascendental conquista histórica impulsada por el Benemérito de las Américas, la libertad de culto en México no debe concebirse únicamente como un derecho consagrado en la ley, sino como un compromiso vivo y permanente de la sociedad. Su plena vigencia reclama no solo instituciones que la tutelen, sino ciudadanos que la ejerzan con respeto, así como medios de comunicación que promuevan su observancia irrestricta, de modo que la diversidad religiosa se afirme siempre como un cauce de convivencia armónica y no de confrontación.