Editorial

La dignidad humana no tiene precio ni depende del nivel económico de la víctima

Durante años, muchas empresas, aseguradoras y áreas jurídicas consideraron que la situación económica de una persona podía influir en el monto de una indemnización por daño moral. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la Jurisprudencia P./J. 122/2026 (12a.), Registro Digital 2032225, emitida por el Pleno de la SCJN, estableció un criterio que transforma la manera en que deben analizarse estos casos.

La Corte determinó que la situación económica de la víctima no debe tomarse en cuenta para cuantificar las consecuencias extrapatrimoniales del daño moral. En otras palabras, el sufrimiento, la afectación emocional, la honra, la reputación, la vida privada o la dignidad humana no pueden medirse en función de cuánto dinero tiene una persona.

Se trata de un criterio de enorme relevancia para empresarios, aseguradoras, patrones, directivos, instituciones educativas, hospitales, medios de comunicación y cualquier organización que pueda enfrentar reclamaciones por responsabilidad civil.

Este asunto surgió a partir de una demanda presentada por una persona que sufrió lesiones derivadas de un accidente automovilístico provocado por un asegurado de una compañía de seguros. La víctima reclamó diversos conceptos, entre los que se encuentran: daño patrimonial, daño moral, lucro cesante y daño al proyecto de vida.

Durante el litigio surgió una pregunta fundamental: ¿Debe influir el nivel económico de la víctima al determinar cuánto vale su sufrimiento moral? La respuesta de la Suprema Corte fue un contundente «no», debido a que hacerlo implicaría discriminar a las personas por su condición económica y violaría el principio constitucional de igualdad.

Muchos empresarios creen que el daño moral únicamente existe cuando alguien publica una difamación o una calumnia. La realidad jurídica es mucho más amplia: el daño moral comprende afectaciones al honor, reputación, imagen, vida privada, integridad emocional, sentimientos, proyecto de vida, relaciones familiares, estabilidad psicológica, etcétera. Lo anterior significa que una empresa puede generar responsabilidad por daño moral aun cuando no exista una pérdida económica directa para la víctima.

La Suprema Corte realizó una distinción fundamental que todo empresario debe entender:

Las consecuencias patrimoniales son aquellas que pueden medirse económicamente; por ejemplo, gastos médicos, terapias psicológicas, medicamentos, pérdida de ingresos, rehabilitación y daños materiales. En estos casos sí puede existir una valoración económica objetiva.

Por otro lado, las consecuencias extrapatrimoniales son aquellas relacionadas con el sufrimiento humano. Por ejemplo, la ansiedad, depresión, humillación, pérdida de autoestima, afectación emocional, daño a la reputación e impacto en la vida personal.

Y aquí es donde la Corte establece que la riqueza o pobreza de la víctima resulta irrelevante.

Con esto, la SCJN envía un mensaje poderoso al sector empresarial: la dignidad humana vale lo mismo para todos. No importa si la persona afectada es director general, trabajador operativo, profesionista, comerciante, estudiante o incluso jubilado; el sufrimiento moral no aumenta ni disminuye por la capacidad económica de quien lo padece.

¿Cómo impacta esto a los empresarios?

Esta jurisprudencia obliga a replantear muchos esquemas de administración de riesgos. Ahora, las empresas deberán ser más cuidadosas en distintas áreas.

En Recursos Humanos habrá que evitar conductas como acoso laboral, discriminación, hostigamiento, violencia psicológica y humillaciones públicas, puesto que estas conductas podrían generar reclamaciones más sólidas por daño moral.

En el área de Atención al Cliente deberán evitarse las prácticas que afecten la dignidad del consumidor, ya que pueden generar responsabilidad civil; por ejemplo, trato discriminatorio, exhibición pública, difusión indebida de información o actos que puedan lesionar la reputación del cliente.

La filtración de información puede ocasionar daños morales importantes. Hoy la reputación digital forma parte de la esfera jurídica protegida por la ley. Una publicación mal administrada puede derivar en daño reputacional, afectación emocional e incluso en violaciones a derechos de personalidad. Y ahora las empresas tendrán menos margen para argumentar que la víctima no merece determinada compensación por su nivel económico.

Por otro lado, las aseguradoras son probablemente uno de los sectores más impactados por esta jurisprudencia. Los modelos tradicionales de evaluación deberán ajustarse para distinguir claramente daños patrimoniales de daños extrapatrimoniales.

La Corte establece que la condición económica de la víctima únicamente podría analizarse respecto de ciertos efectos patrimoniales derivados del daño, pero jamás para medir el sufrimiento moral.

El riesgo oculto: la reputación corporativa

En la actualidad, una demanda por daño moral rara vez permanece en los tribunales; generalmente termina llegando a Facebook, LinkedIn, X, TikTok o diversos medios de comunicación.

Por ello, el verdadero costo para una empresa no siempre será la indemnización. En muchos casos será la pérdida de confianza, el daño reputacional, el deterioro de la marca, la disminución de ventas y la pérdida de inversionistas.

Cultura preventiva: la mejor defensa

Las organizaciones más exitosas no son las que ganan más juicios; son las que evitan llegar a ellos. Por ello resulta indispensable implementar protocolos de conducta, políticas de respeto y dignidad humana, capacitación en derechos humanos, prevención del acoso laboral, protección de datos personales, gestión adecuada de crisis reputacionales y mecanismos internos de quejas.

La nueva economía se construye sobre dos activos fundamentales: la confianza y la reputación. La jurisprudencia 122/2026 de la Suprema Corte nos recuerda que detrás de cada contrato, cada cliente y cada colaborador existe una persona cuya dignidad merece protección.

Las empresas del futuro no serán únicamente las más rentables; serán aquellas que comprendan que el verdadero valor de una organización también se mide por la forma en que trata a las personas. Porque, al final del día, los negocios más sólidos no se construyen únicamente con capital financiero: se construyen con respeto, ética y responsabilidad humana.