Editorial

DEFENDER NO ES DELINQUIR: LA ABOGACÍA COMO GARANTÍA DE LIBERTAD Y JUSTICIA

En una sociedad democrática, toda persona tiene derecho a ser defendida por un abogado; esto no constituye un privilegio, sino una garantía fundamental del Estado de Derecho. Por ello, resulta preocupante que desde espacios de poder político se emitan mensajes que pretendan desacreditar o estigmatizar a un profesionista por ejercer la defensa jurídica de un ciudadano, independientemente de las acusaciones que enfrente.

Lo anterior cobra relevancia tras el comunicado emitido por Morena en contra del abogado que representa al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. La esencia de la abogacía, señala el documento, consiste en garantizar que toda persona tenga acceso a una defensa técnica, independiente y libre de presiones políticas o de cualquier índole.

El abogado, se argumenta, no hace propios los hechos atribuidos a su cliente ni comparte necesariamente sus decisiones o conductas. Su función es exigir que los procedimientos se desarrollen conforme a la Constitución, que las pruebas sean obtenidas legalmente, que exista debido proceso y que la autoridad acredite la responsabilidad conforme a derecho.

El texto advierte que confundir al abogado con su cliente representa un riesgo para cualquier sistema democrático, ya que podría inhibir el ejercicio libre de la profesión y generar temor entre quienes aceptan defender a personas señaladas por delitos o enfrentadas al poder político.

Desde el ámbito legal, recuerda que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de toda persona imputada a contar con una defensa adecuada mediante un abogado de su elección. Ese derecho, señala, perdería sentido si los defensores fueran objeto de intimidación por cumplir con la función que la propia ley les encomienda.

El principio de defensa jurídica, añade, no protege únicamente a los abogados, sino también a los ciudadanos, pues cualquier persona puede enfrentar en algún momento una investigación, una acusación o un proceso judicial y requerir una representación profesional independiente.

El documento sostiene que la crítica política y el debate público son legítimos, pero considera incompatible con una democracia constitucional utilizar discursos institucionales para presentar el ejercicio profesional de la defensa como una forma de complicidad con los hechos investigados.

La fortaleza de un Estado de Derecho no se mide por la facilidad con la que se condena a las personas, sino por la capacidad de garantizar que incluso quienes enfrentan acusaciones graves reciban una defensa libre, profesional e independiente, señala el posicionamiento.

Finalmente, el texto concluye que defender a una persona no equivale a justificarla y que ejercer la abogacía no convierte al defensor en corresponsable de las imputaciones contra su cliente.

"Criminalizar la defensa jurídica significa debilitar una de las garantías que protegen a todos los ciudadanos frente al poder", concluye el documento firmado por Leonardo Abarca J.