Estatal

Durante el encuentro, la diputada local Evelyn Sánchez Sánchez planteó la necesidad de establecer mediante la legislación un mecanismo de vinculación y actualización entre ambas instancias, con el argumento de que actualmente manejan información relacionada con los mismos inmuebles desde ámbitos distintos.

El Registro Público de la Propiedad y de Comercio, dependiente del Gobierno del Estado, tiene entre sus funciones inscribir actos jurídicos relacionados con los bienes inmuebles, como compraventas, hipotecas, embargos y sucesiones.

Los catastros municipales, por su parte, concentran información física y fiscal de los predios, como superficie, ubicación, valor catastral y cuenta predial, además de servir como base para el cobro del impuesto predial y tareas de planeación urbana.

La legisladora señaló que la falta de sincronización entre ambos sistemas puede provocar diferencias en datos de los propietarios o de los inmuebles, retrasos en operaciones, dificultades para realizar trámites fiscales y obstáculos en procesos relacionados con créditos hipotecarios.

Sánchez Sánchez señaló como antecedente el caso de alrededor de 500 familias que, según expuso, fueron afectadas por distintos problemas relacionados con trámites inmobiliarios y el registro de sus propiedades.

La propuesta contempla modificaciones a la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y a la Ley del Catastro Inmobiliario del Estado de Baja California, con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación entre las instituciones.

Durante el foro, el presidente del Colegio de Notarios de Baja California, Gabriel Tobías Duarte, expuso problemas que enfrentan propietarios al realizar trámites notariales cuando existen inconsistencias entre la información del Catastro Municipal y la del Registro Público.

A su vez, Fermín Kim King, presidente del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California (CEPIBC), se pronunció sobre la importancia de contar con información consistente que permita brindar mayor certeza jurídica a los propietarios frente a las autoridades.

También participaron representantes de asociaciones inmobiliarias, de vivienda y otros organismos relacionados con el sector, entre ellos Miguel Legorreta Cortez, vicepresidente de ASAI; Yeni Hilario, de la Comisión de Registro Público de la Propiedad y Comercio de CANADEVI; Mario Fajardo Solana, presidente de ASAI; y Sergio Sodelo, delegado de la Secretaría General de Gobierno del Estado.

La iniciativa deberá continuar con el proceso legislativo correspondiente en el Congreso de Baja California antes de determinarse si las reformas propuestas son aprobadas.