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MEXICALI.- Durante la comparecencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Baja California, Alejandro Isaac Fragozo López, ante la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, la diputada Evelyn Sánchez Sánchez resaltó la importancia de garantizar una impartición de justicia que reconozca y respete la identidad de los pueblos indígenas.

En su intervención, la legisladora hizo referencia a la relevancia que representa que el actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, de ascendencia mixteca de Oaxaca, y a la importancia de que esa representación también se refleje en una justicia sensible a las necesidades de las comunidades indígenas.

Uno de los aspectos centrales de su planteamiento fue la necesidad de garantizar la presencia de intérpretes que permitan a las personas indígenas comprender los procedimientos judiciales y expresar sus necesidades en su propia lengua, evitando que las barreras lingüísticas se conviertan en obstáculos para acceder a sus derechos.

El señalamiento cobra especial relevancia en una entidad como Baja California, haciendo hincapié en que Tijuana se ha convertido en una ciudad donde convergen una gran cantidad de comunidades indígenas de distintas regiones del país, cuyos integrantes requieren atención institucional con respeto a sus lenguas, tradiciones e identidad cultural y sobre todo el acceso a la impartición de justicia.

Durante la comparecencia, Fragozo López informó sobre los mecanismos de colaboración con el Poder Judicial del Estado de Oaxaca para facilitar servicios de interpretación y atención en lenguas maternas.

Este planteamiento también encuentra relación con la agenda nacional de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha defendido el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas mediante la reforma al artículo 2 de la Constitución.

El informe presentado por Alejandro Isaac Fragozo López correspondió al periodo del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026. Además del acceso a la justicia para comunidades indígenas, durante el encuentro se abordaron temas como el rezago judicial, los tiempos de resolución de sentencias, los delitos inmobiliarios, la protección de las mujeres, la infraestructura y la atención a grupos vulnerables.