Noticias de Tijuana. El Gran Diario Regional en línea, presentando noticias en tiempo real con información de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito, Tecate, Baja California, México y el mundo
En Tendencia: Jaime Bonilla, AMLO, Marina Del Pilar, Policiaca Tijuana, Garita Tijuana, UABC, Pandemia, COVID, Xolos, Toros
Por Mauricio Higuera | miércoles, 11 de noviembre de 2026
Ante solicitudes de créditos para proyectos
MEXICALI.- La discusión sobre seguridad pública en Baja California no solo pasa por aumentar el número de policías o fortalecer las corporaciones, sino también por la viabilidad financiera de las decisiones que hoy toman los gobiernos, advirtió Octavio Sandoval López presidente del Consejo Coordinador Empresarial en el estado .
Aunque reconoció como un avance histórico la creación del fideicomiso estatal para el retiro de policías, señaló que los recursos contemplados podrían resultar insuficientes frente a las obligaciones futuras del sistema, especialmente si se impulsa una reducción en la edad de jubilación de los agentes.
Sandoval destacó que el fondo de mil 500 millones de pesos representa el primer esfuerzo formal para garantizar una prestación de retiro a los elementos de seguridad; sin embargo, alertó sobre la necesidad de evaluar la sostenibilidad financiera de ese esquema antes de ampliar beneficios.
Además, cuestionó que se anuncien compromisos cuyos resultados quedarían en manos de la siguiente administración estatal.
“Los gobiernos deben responder por las decisiones que pueden ejecutar durante su periodo de gestión”, señaló.
En materia financiera, Sandoval consideró que las administraciones municipales deben actuar con cautela ante la posibilidad de contratar deuda, particularmente cuando los recursos no están destinados a proyectos de inversión productiva.
Explicó que la Ley de Disciplina Financiera permite el endeudamiento de largo plazo únicamente cuando se trata de infraestructura, obra pública o adquisición de equipamiento cuya utilidad trascienda varios años.
Bajo esa lógica, estimó justificable solicitar financiamiento para maquinaria pesada, equipo especializado o proyectos de infraestructura urbana, pero rechazó que los créditos se utilicen para mantenimiento, servicios o gastos que corresponden al funcionamiento ordinario de los gobiernos.
Afirmó que trasladar ese tipo de obligaciones a futuras administraciones puede comprometer la estabilidad financiera de los municipios sin generar beneficios permanentes para la población.
Respecto a las inversiones previstas para academias de policía, Sandoval consideró positivo que se destinen recursos a la formación de nuevos agentes, aunque advirtió que el rezago operativo sigue siendo considerable.
Según explicó, Baja California enfrenta una carencia estimada de entre 2 mil y 2 mil 500 elementos entre corporaciones municipales, fiscalías y organismos de seguridad estatales.
Por ello, sostuvo que el fortalecimiento de las academias no debe verse como una acción aislada, sino como parte de una política integral que incluya mejores incentivos económicos, mayor capacidad de reclutamiento y condiciones laborales más atractivas para los futuros policías.
En ese contexto, valoró el incremento de las becas para cadetes, aunque consideró que aún se encuentran por debajo de lo necesario para atraer a más aspirantes.
Más allá de las cifras oficiales sobre reducciones en homicidios, Sandoval afirmó que Baja California continúa enfrentando una crisis de seguridad que no puede medirse únicamente por variaciones mensuales en los indicadores.
A su juicio, mientras la entidad permanezca entre los estados con mayores niveles de violencia del país, no puede hablarse de una solución estructural al problema.
El líder empresarial cuestionó que los avances reportados por las autoridades contrasten con la posición que mantiene el estado dentro de los primeros lugares nacionales en incidencia delictiva, particularmente en homicidios dolosos.
Asimismo, señaló que la responsabilidad de atender la problemática no recae únicamente en el Poder Ejecutivo estatal, sino también en el Congreso local, los legisladores federales y el Gobierno Federal.
En ese sentido, demandó una mayor participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de las Fuerzas Armadas, mediante estrategias permanentes y no operativos temporales.