Estatal

MEXICALI. - De generar superávits por hasta 2.6 millones de pesos anuales, el patronato Alianza Empresarial para la Seguridad Pública (AESP) se convirtió, con los últimos gobiernos panistas, en un ente que solamente generó pérdidas e, incluso, dichos manejos han propiciado una investigación de la Auditoría Superior del Estado, por haber pagado trabajos a un arquitecto, de los cuales no se halla evidencia alguna, como tampoco la hay de los apoyos entregados, supuestamente, a los agentes municipales y sus familias.

La AESP fue creada el 11 de agosto de 2005, durante el gobierno del priista Samuel Ramos. Su primer presidente fue Víctor Manuel Rodríguez Farías. Con él al frente, la AESP generó superávits por un millón 694 mil 108.02 y 2 millones 649 mil 102.64 de pesos, en 2006 y 2007, respectivamente.

Rodríguez, ingeniero mecánico electricista por el IPN, debió enfrentar la crisis económica de 2008 y 2009, pero aun así logró superávits de poco más de 235 mil y 375 mil pesos en esos años, respectivamente.

El 1 de diciembre de 2010, Rodríguez fue relevado por Jaime Alonso Ibarra Caldera, hermano de Rosa Icela, de iguales apellidos, quien figuraba en los cuadros directivos de la Coparmex y fue candidata priista a una diputación local, siendo derrotada. Con Ibarra, la AESP tuvo su primer ejercicio con pérdidas.

Ibarra estuvo en ese cargo hasta 2016, teniendo pérdidas en cuatro de los seis ejercicios que fungió como presidente.

Actualmente, Ibarra es uno de las 11 personas que promovió un amparo contra la consulta ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que derivó en suspender la edificación que Constellation Brands hacía de una planta cervecera.

En 2017, con el gobierno de Gustavo Sánchez Vásquez, llegó al cargo César Ponce Gámez, industrial maquilador.

Fuentes de la ASE informaron que existen dos procedimientos abiertos (E-18-99-DMMF-27 y E-18-100-DMMP-31), ambos por responsabilidad administrativa sancionatoria, donde están involucrados Ponce y Jesús Moreno Saucedo, director de la entidad, por una seria irregularidad en 2018.

Se trata de un pago de 72 mil 500 pesos a un arquitecto, con el concepto de “honorarios profesionales por trabajos de arquitectura”, por supuestamente elaborar un proyecto ejecutivo de la subcomandancia de la policía municipal, que se edificó en la zona oriente de la capital bajacaliforniana, cerca de la garita Nuevo Mexicali.

Ni Ponce, ni Moreno, entregaron el contrato de prestación de servicios correspondiente, donde se establezcan los compromisos derivados de dicho pago, ni tampoco se identificó el proyecto ejecutivo por el cual se hizo el mismo.

Ese pago provocó que, en 2018, la AESP tuviera pérdidas por 56 mil 113 pesos, de acuerdo con los estados financieros signados por Ponce y Moreno, de los cuales posee copia este reportero, lo mismo que de la cuenta pública anual, que, en su momento, enviaron al Poder Legislativo.

Tampoco hay comprobación de “los apoyos económicos y en especie a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como a sus agentes y familiares”; de igual forma, no hay pruebas de la agenda de trabajo para captación de recursos, que Ponce debió efectuar con el sector empresarial y la sociedad civil.

La ASE también indaga las pérdidas registradas durante la gestión de Ibarra, en el trienio, igualmente panista, de Jaime Rafael Díaz Ochoa