Por Ismael Davila Vazquez | lunes, 29 de noviembre de 2021

A favor de los Derechos Humanos


MEXICALI.- La diputada Julia Andrea González Quiroz, presentó una Iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación y una adición al Código Penal, ambas para Baja California, con el fin de sancionar la implementación de las mal llamadas “terapias de conversión sexual” que buscan modificar o menoscabar la orientación sexual, expresión o identidad de género de cualquier persona. Investigaciones académicas, denuncias y testimonios comprueban que estas terapias han lesionado a las personas, a través de sesiones individuales o colectivas, por medio de aislamientos, violaciones “correctivas”, privación de alimento y sueño, violencia psicológica, inyecciones hormonales e incluso electrochoques. La Secretaría de Gobernación ha hecho enérgicos pronunciamientos en reiteradas ocasiones a legislar para prohibir este tipo de tortura.

La postura de la legisladora González Quiroz es congruente, por tanto, con las normativas internacionales y nacionales. Desde 2017, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en México, con fundamento en el artículo 20, fracción XXXIV de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se pronunció en contra de las llamadas “terapias de conversión”, por ser una forma de violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Algunas entidades, entre ellas Yucatán, por medio de su Comisión de Justicia y Seguridad Pública votó en agosto del presente año a favor de reformar el Código Penal en materia de terapias de conversión, para que, sin importar si causó dañó físico y/o sicológico, reciba castigo quien realizara el acto. En la Ciudad de México están prohibidas desde el 2020.

En la entidad, la legisladora de Morena destacó en su exposición de motivos que, el término “terapias de conversión” abarca intervenciones que tienen por finalidad, cambiar la orientación sexual de una persona o su identidad de género.

Según expuso, sus promotores afirman que estas terapias, pueden transformar a las personas homosexuales, lesbianas o bisexuales en heterosexuales, y a las personas trans o de género diverso/diferente a cisgénero, lo que significa que la identidad de género corresponde al sexo asignado al nacer.

Por ello, consideró en su iniciativa, que es necesario que las políticas públicas y las leyes, tengan como objetivo brindar oportunidades al desarrollo individual y fortalecer el derecho a ser diferente.

Combatir la discriminación -dijo- es parte sustancial de la protección del libre desarrollo de la personalidad. Tomando en cuenta que la libertad en este caso, es sinónimo de diferencia, y la discriminación es una amenaza latente en contra de la dignidad y la calidad humana.

Agregó que, es por eso que han reformado ya el Código Penal para sancionar la Discriminación, y establecido la calificativa de Odio, en las Lesiones y Homicidio, cometidos entre otras razones por la orientación sexual o identidad de género; y se analiza ya, la reforma a la Ley de la Familia para establecer la obligación del respeto a cada uno de los miembros que la integran, sin importar su orientación y preferencias.

Julia González subrayó que, ahora propone con esta iniciativa, adicionar el Código Penal y reformar la Ley local contra la Discriminación, para sancionar, como ya lo hace la Ciudad de México, Tlaxcala, el Estado de México y Baja California Sur, a la práctica de las ECOSIG o “terapias de conversión o corrección”.

“Sigamos con acciones legislativas progresistas, con la tendencia de protección de nuestras mujeres, hombres, niñas y niños que tienen derecho a desarrollarse de acuerdo a su identidad o preferencia sexual, protegidos y apoyados por sus seres queridos y su entorno, lejos de la ignorancia, de la discriminación, el odio y cualquier estigma que ocasione su exclusión social o riesgos en su integridad física o emocional”, agregó.

Para finalmente citar que, el experto de las Naciones Unidas sobre orientación sexual de identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, ha afirmado que: “Las terapias de conversión pueden equivaler a formas de tortura y deberían prohibirse”.