Estatal

TIJUANA- A pesar de que hubo algunos aumentos en el presupuesto para el renglón de la seguridad, resulta insuficiente para combatir el crimen en los diferentes municipios de Baja California, considera el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Juan Manuel Hernández Niebla.

“Tras un análisis del presupuesto de egresos de los ayuntamientos del Estado, Fiscalía General y Poder Judicial en materia de seguridad, es posible percatarse de que, a pesar de algunos aumentos, no se está previendo el presupuesto necesario para quienes salen a las calles a combatir al crimen organizado y la violencia”, indicó.

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado sostuvo que los presupuestos de las Secretarías y Direcciones de Seguridad Pública de los Municipios quedaron prácticamente iguales a los de 2020, dejando de lado la Alerta Temprana pronunciada el 05 de noviembre de 2020 por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, en la que se solicitó que se realizaran las acciones y gestiones necesarias para incluir el concepto de seguridad social en los presupuestos 2021.

La Alerta Temprana se emitió derivada de la queja presentada el pasado 08 de julio por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, donde se señaló la violación de derechos humanos de los elementos de las corporaciones policiales, por falta de seguridad social, otras prestaciones y condiciones laborales dignas, lo que sugiere el incumplimiento de lo establecido en la fracción V del artículo 131 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, agregó.

En un plano general, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana, la Dirección de Seguridad Ciudadana de Tecate y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playas de Rosarito, tuvieron incrementos presupuestarios del 24.7, 14.3 y 11.6 por ciento respectivamente, en comparación con el 2020, mientras que las Direcciones de Seguridad Pública Municipales de Mexicali y Ensenada presentaron disminuciones del 1.4 y 3.9 por ciento.

En relación a la Fiscalía General del Estado, esta tuvo un incremento de sólo el 1.7% comparado al año anterior, mientras el Poder Judicial mantuvo exactamente el mismo presupuesto del 2020.

“No se van a poder contratar y capacitar a más ministerios públicos, así como tampoco jueces ni construir más salas de audiencia, algo fundamental para mejorar la impartición de justicia y el combate a la impunidad en nuestro estado”, externó Hernández Niebla.