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ENSENADA.- La Fiscalía General del Estado (FGE) logró que el Juez de Control determinara auto de vinculación a proceso penal en contra del ex presidente municipal de Ensenada, Gilberto Hirata, y el ex tesorero Samuel Aguilar, en dos causas penales por el delito de peculado.

El resultado se obtuvo de la investigación realizada a través de la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Regional, por denuncias presentadas el 10 de abril y el 8 de mayo de 2017, en agravio del erario de Ensenada.

En el primer caso, se estableció que durante 2015 el Ayuntamiento local recibió 665 millones, 156 mil 105 pesos, en su cuenta bancaria aperturada en la institución BANSI, dicho recurso público proveniente de un préstamo era para el refinanciamiento y/o restructuración de la deuda pública y el restante debía utilizarse en inversiones públicas productivas.

Los datos de prueba permiten concluir que la cantidad de 460 millones 393 mil, 419.17 pesos se utilizó de forma regular, pero que el imputado Aguilar, en su carácter de tesorero y, con la aprobación de su superior el ex alcalde Hirata, desvió para otro propósito la cantidad de 204 millones 762 mil 685.83 pesos.

Se determinó que 110 millones, 578 mil, 056.44 pesos se utilizaron de forma indebida para nómina, así como para reintegrar el subsidio que otorga la federación a los municipios en beneficio de los cuerpos de Seguridad Pública (SUBSEMUN).

Cabe destacar que de la suma restante que asciende a 94 millones 184 mil 629 pesos, no se encontró registro del destino otorgado en las cuentas del ayuntamiento, igualmente, en dicha cuenta el tesorero depositó dinero proveniente de participaciones federales e inversiones productivas a afecto de ocultar el manejo de los recursos públicos.

En el segundo caso, los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público establecen que el ayuntamiento de Ensenada recibió, en dos ministraciones realizadas durante el año 2016, de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado la cantidad de 26 millones 564 mil 881.03 pesos.

Estos recursos económicos provenían de la federación a su vez del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), y estaban etiquetados conforme al artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, para ser aplicados durante el ejercicio fiscal 2016, únicamente para el propósito que fue entregado como la rehabilitación del campo de béisbol Antonio Palacios, construcción de la ciclovía, suministro e instalación de bebederos en 198 escuelas y rehabilitación de vialidades, entre otros.

Sin embargo, según la investigación, el imputado Aguilar desvió la cantidad de 26 millones de pesos para el pago de nómina y gasto corriente del ayuntamiento, y el ex alcalde, teniendo las atribuciones legales, no evitó el desvío de ese dinero.

Tras analizar los antecedentes de investigación en ambos casos el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso penal a los imputados y como medida cautelar la prohibición de abandonar la entidad federativa sin autorización, además fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.