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Estatal
Directivo de Banca Afirme, Nabor “N”, interpuso dos demandas contra el Gobierno estatal
Por Ana Lilia Ramírez | miércoles, 9 de julio de 2025
Una para evitar devolver 123 millones de pesos y otra para que el Estado continuara pagando esa misma cantidad mensualmente durante cinco años; la penalización superaría los 5 mil millones de pesos.
TIJUANA.— El consejero jurídico del Gobierno del Estado, Juan José Pon Méndez, informó que Nabor “N”, directivo de Banca Afirme vinculado a proceso por el delito de abuso por retención en el caso Next Energy, presentó dos demandas mercantiles contra el Gobierno de Baja California: la primera, para no devolver 123 millones de pesos retenidos por la institución bancaria en enero de 2022; y la segunda, para que se continuara reteniendo mensualmente esa misma cantidad durante cinco años, bajo el argumento de que así lo estipulaba el contrato.
“El señor Nabor otorgó poderes para que se demandara mercantilmente al Estado de Baja California por dos cosas: primero, para no devolver esos 123 millones de pesos; y segundo, para que se siguieran reteniendo las participaciones federales del Estado”, explicó Pon Méndez.
Durante la conferencia matutina de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el funcionario subrayó que no se trata de un litigio político, sino de una negativa del representante de Banca Afirme a reintegrar recursos que pertenecen al patrimonio estatal.
Pon Méndez recordó que, en su calidad de delegado fiduciario, Nabor “N” tenía facultades legales para actuar a nombre de la institución bancaria en la gestión y ejecución de contratos de fideicomiso. En el caso de Next Energy, su responsabilidad era llevar a cabo las gestiones necesarias para recuperar la millonaria cifra a favor del Estado.
“Al ser el delegado fiduciario, tenía la obligación de tomar las acciones necesarias para devolver los 123 millones de pesos. Por eso fue vinculado a proceso. Es contradictorio que argumente no tener facultades para devolver el dinero, pero sí haya demandado al Estado para que no se devolviera”, señaló.
El consejero jurídico detalló que inicialmente se intentó resolver el conflicto por la vía mercantil, sin éxito. Agregó que Nabor permaneció prófugo durante dos años e incluso solicitó asilo político en Estados Unidos.
“Durante más de dos años esta persona estuvo prófuga de la justicia, promovió recursos legales a su favor y solicitó asilo político en Estados Unidos. Su actitud contumaz de evadir a la autoridad judicial, pese a múltiples citaciones, obligó a imponerle prisión preventiva”, dijo.
Pon Méndez advirtió que, de no haberse emprendido acciones legales para cancelar el contrato y la penalización, las retenciones bancarias habrían rebasado los 5 mil millones de pesos. Esto debido a que el contrato firmado durante la administración de Jaime Bonilla establecía una penalización de 123 millones de pesos mensuales por los próximos cinco años, a favor de la empresa Next Energy.
Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda aseguró que la detención de Nabor “N” no responde a intereses políticos, sino a la protección del patrimonio estatal. Subrayó que el único objetivo es recuperar los 123 millones de pesos en participaciones federales que fueron retenidas por la institución bancaria.
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