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Tijuana | sábado 21 de febrero
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Estatal
FGE revisa denuncias por supuesto “cártel inmobiliario”
Por Ana Lilia Ramírez | sábado, 21 de febrero de 2026
La titular de la FGE, María Elena Andrade Ramírez, informó que se conformó un grupo interinstitucional para analizar expedientes y determinar si existen responsabilidades penales de servidores públicos o particulares.
TIJUANA.— Autoridades estatales mantienen bajo análisis diversas denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en la venta y asignación de terrenos en Baja California, en lo que públicamente ha sido señalado como la posible operación de un “cártel inmobiliario”.
La fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, dio a conocer que el tema ya fue detectado por la institución y actualmente se revisan diversos señalamientos que han sido difundidos incluso a través de redes sociales, aunque aclaró que hasta el momento no existen hechos plenamente comprobados.
Ante la complejidad del caso, explicó que se integró un grupo interinstitucional encabezado por la Secretaría General de Gobierno de Baja California, en el que participan la Fiscalía General del Estado y otras dependencias vinculadas con la regulación, control y registro de la propiedad.
De acuerdo con la información preliminar, el esquema denunciado consistiría en obtener una aparente legalidad para apropiarse de terrenos sin contar con derechos legítimos sobre ellos, mediante resoluciones o documentos oficiales que presuntamente habrían sido gestionados de manera irregular.
La fiscal precisó que en algunos casos podrían estar involucrados registros o determinaciones judiciales emitidas por jueces civiles o federales, donde se presume la posible intervención indebida de particulares o profesionales del derecho.
El equipo multidisciplinario continúa con la revisión de expedientes y antecedentes para determinar si existen responsabilidades penales, así como la eventual participación de servidores públicos o particulares en estas operaciones, en un caso que, de confirmarse, podría impactar la certeza jurídica de la propiedad en la entidad.
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