Estatal

“No es un tema sencillo., ni sencillo de comprobar, nosotros hemos puestos a 10 personas por este delito, Le he pedido a los agentes que cualquier persona que sea localizada sea procesado por este delito. Esta en proceso penal y no se dado sentencia porque es una ley reciente” dijo el general Carrillo Rodríguez

El funcionario explicó que los imputados continúan sujetos a proceso judicial y, en caso de ser encontrados culpables, podrían recibir condenas de entre tres y ocho años de prisión, además de multas económicas que oscilan entre los 20 mil y 40 mil pesos, precisó que hasta el momento no existen sentencias condenatorias debido a que el delito fue tipificado recientemente y los casos aún se encuentran en etapa procesal.

Carrillo Rodríguez señaló que las investigaciones realizadas por las áreas de inteligencia han confirmado que quienes realizan estas actividades ilícitas mantienen vínculos con organizaciones criminales que operan en la entidad.

Sin embargo, lamentó que una parte importante de las personas involucradas sean jóvenes y adolescentes reclutados para fungir como vigilantes de las actividades de las corporaciones de seguridad.

"Tenemos detectado que una gran parte de quienes participan en estas actividades son jóvenes que son utilizados por los grupos criminales para monitorear los movimientos de las autoridades", indicó.

La figura del halconeo fue incorporada al Código Penal de Baja California en agosto de 2025 mediante una reforma al artículo 317 Ter, impulsada por el gobierno estatal y aprobada por el Congreso local. La legislación castiga la vigilancia, recopilación o filtración de información relacionada con instituciones de seguridad pública cuando tenga como propósito facilitar actividades delictivas o entorpecer la actuación de las autoridades.

La reforma también sanciona la instalación de cámaras de videovigilancia en la vía pública sin autorización legal, así como la alteración o intervención de sistemas de vigilancia gubernamentales. Las penas establecidas van de tres a ocho años de cárcel y pueden aumentar cuando participan menores de edad, servidores públicos o se utilizan equipos especializados de comunicación.

Las autoridades estatales han señalado que el uso de cámaras clandestinas por parte del crimen organizado se convirtió en una de las principales herramientas para vigilar los desplazamientos de policías y militares. Durante la discusión de la reforma, el gobierno estatal informó que se habían retirado más de mil 600 cámaras instaladas irregularmente en distintos municipios de Baja California.

Detrás de las estadísticas existe una preocupación adicional para las autoridades: el creciente reclutamiento de adolescentes para desempeñar labores de vigilancia a cambio de pagos mínimos o bajo amenazas de grupos criminales, una práctica que los expone a terminar en prisión o convertirse en víctimas de la violencia generada por las organizaciones delictivas.