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Por Mauricio Higuera | lunes, 2 de febrero de 2026
BC enfrenta impacto millonario por devoluciones de cobros irregulares
MEXICALI.- La investigación contra 13 servidores públicos por la firma de contratos con la empresa Fisamex encargada de ejecutar cobros irregulares de agua , expone el costo financiero que las ilegalidades dejaron al erario de Baja California, señaló el diputado Diego Echevarría Ibarra.
Durante la administración del exgobernador Jaime Bonilla Valdez (2020-2021), las Comisiones Estatales de Servicios Públicos contrataron a dicha empresa para recuperar adeudos históricos del servicio público.
El esquema generó ingresos por mil 800 millones de pesos, de los cuales la empresa se quedó con el 20%. Sin embargo, múltiples empresas interpusieron amparos que obligaron a las comisiones a devolver los recursos cobrados, mientras Fisamex no participó en la restitución.
El diputado Juan Diego Echevarría Ibarra, quien presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, subrayó que el problema no se limita a la firma de contratos, sino al diseño de un modelo que terminó por comprometer las finanzas públicas. “Ahí están las firmas, ahí está todo. Se amplió el contrato sin prever las consecuencias legales y económicas”, señaló.
La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno mantiene abiertas las investigaciones contra exfuncionarios de alto nivel en distintas comisiones estatales, algunos de los cuales ya enfrentan procesos judiciales. Otros han buscado amparos para evitar ser vinculados, como el ex titular de la Unidad Jurídica de la CESPT.