Mexicali

MEXICALI.- La dirigente seccional del Sindicato de Burócratas en Mexicali, Patricia Ruiz Magdaleno, manifestó el pasado fin de semana su inconformidad por las medidas cautelares otorgadas por el Tribunal de Arbitraje del Estado a dos trabajadoras que promovieron recursos legales tras considerar vulnerados sus derechos laborales.

A través de una transmisión en redes sociales, Ruiz Magdaleno cuestionó la intervención del órgano arbitral y reveló acciones para buscar la revocación de dichas medidas, lo que diversos trabajadores califican como un intento de presión hacia el Tribunal bajo una dinámica de “la ley del garrote”, pese a que los derechos constitucionales y estatutarios invocados por las empleadas han sido aplicados regularmente dentro de los propios procedimientos internos.

En paralelo, este lunes 18 de mayo, el Secretario Estatal del Sindicato de Burócratas, José Isabel Gutiérrez Peredia, junto con los secretarios seccionales de Ensenada, Alfredo Peralta; de Tecate, Isaac Contreras; y de Rosarito, Blanca García, sostuvieron una reunión con la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

El encuentro tuvo como fin establecer las bases para iniciar las negociaciones salariales y la revisión de las Condiciones Generales de Trabajo a partir de este jueves 21 de mayo, en una mesa donde también participarán el secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, y el oficial mayor, David Cervantes.

Sin embargo, en medio de esta agenda estatal, la Sección Mexicali emitió una convocatoria a asamblea extraordinaria en la Plaza de los Tres Poderes, derivado del conflicto interno por el procedimiento iniciado contra las dos trabajadoras involucradas.

Entre los trabajadores sindicalizados persiste la preocupación de que dicha asamblea sea utilizada para ejercer presión sobre las autoridades del Tribunal de Arbitraje del Estado e intentar forzar resoluciones al margen de la legalidad. Asimismo, señalan que la postura de la dirigente de aislar a la sección ha arrastrado a la base burocrática a un conflicto que se percibe personal y mediático, desviando la atención de temas prioritarios como el incremento salarial que impacta a los trabajadores de todo Baja California.