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El complejo cuenta con más de 200 cámaras de vigilancia, 28,000 pies de concertina y más de 400 agentes de seguridad. Su nombre no oficial proviene de la fauna salvaje que habita la zona, utilizada por las autoridades como “disuasivo natural” contra intentos de fuga. Según el Fiscal General de Florida, James Uthmeier, en el lugar serán alojados migrantes indocumentados con antecedentes criminales, como parte de una política de “tolerancia cero”.

El centro fue inaugurado el 1 de julio por el expresidente Donald Trump, acompañado del gobernador Ron DeSantis y la exgobernadora Kristi Noem. Durante el recorrido, Trump declaró que “solo con la deportación saldrán de aquí” y, en tono provocador, bromeó: “les enseñaremos a huir de un caimán”.

La apertura de “Alligator Alcatraz” ha desatado fuertes críticas por parte de defensores de derechos humanos, ambientalistas y comunidades indígenas Miccosukee y Seminole. Denuncian que la construcción afecta hábitats protegidos y territorios ancestrales, además de poner en riesgo la vida de los internos ante condiciones climáticas extremas. De hecho, una reciente tormenta provocó filtraciones y daños menores, lo que ha encendido las alertas sobre la seguridad del lugar.

A pesar del rechazo, los promotores del proyecto lo presentan como un modelo replicable a nivel nacional para frenar la migración irregular. Las autoridades esperan llenar el centro en las próximas semanas y aseguran que ya hay centenares de migrantes en proceso de traslado desde otros estados.

“Alligator Alcatraz” simboliza una nueva etapa en la política migratoria de línea dura en Estados Unidos, con una mezcla de disuasión, espectáculo político y un entorno tan hostil como polémico.