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CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el decreto para establecer obligaciones a las plataformas digitales en la protección de niñas, niños y adolescentes, mediante el retiro de contenidos que promuevan violencia, odio, abuso sexual y otras conductas que representen un riesgo para las personas menores de edad. La mandataria explicó que después de lo ocurrido en una secundaria de Coahuila donde dos exalumnos ingresaron al plantel y agredieron a personal docente, era necesario cuidar el contenido que los menores ven en redes sociales.

“Me comprometí después del episodio lamentable episodio de Coahuila, que teníamos que garantizar que las plataformas sean lugares seguros para niñas, niños y que no sean de promoción de la violencia y menos en las escuelas”.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que el instrumento busca garantizar entornos digitales seguros y establecer responsabilidades para los servicios de internet que permiten la interacción entre usuarios, así como la generación, difusión y distribución de contenidos. Las obligaciones abarcarán publicaciones relacionadas con discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación y violencia sexual, suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso y ciberacoso, conductas ilícitas y material sexual explícito.

El decreto también plantea que las medidas de protección estén incorporadas desde el diseño de las plataformas, en lugar de depender únicamente de que las personas usuarias activen manualmente las restricciones. Entre las obligaciones se encuentran establecer configuraciones de privacidad y seguridad protectoras de manera predeterminada, clasificar contenidos por edades, habilitar mecanismos para reportar publicaciones y facilitar herramientas de supervisión para madres, padres y tutores.

La consejera jurídica agregó que las empresas deberán identificar y retirar cuentas o publicaciones que promuevan cualquier forma de violencia. También tendrán que mantener un punto de contacto disponible las 24 horas del día, durante todo el año, para atender requerimientos de las autoridades investigadoras, preservar y entregar evidencia y alertar inmediatamente cuando detecten contenidos que atenten contra la vida.

La presidenta sostuvo que las plataformas deberán asumir la responsabilidad de retirar las publicaciones que representen riesgos para la población infantil y adolescente, además de mantener comunicación permanente con las autoridades de seguridad para atender los casos detectados. “Ellos tienen la obligación de bajar los contenidos y reportar a la autoridad a través de un enlace permanente que deben tener con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, señaló que las plataformas ya cuentan con mecanismos automatizados para detectar contenidos y comportamientos de riesgo. Explicó que el diálogo con las empresas buscará ampliar los criterios para identificar materiales perjudiciales y mejorar la coordinación con las autoridades encargadas de las investigaciones.

“Es una conversación permanente. Las plataformas tienen ya esfuerzos importantes en la remoción de contenidos perniciosos y específicamente en lo que toca a contenidos dirigidos a niños, niñas y adolescentes, se comentó en una reunión esta semana sobre lo importante que es ampliar un poco más el tipo de contenidos que pueden ser identificados y removidos y cómo fortalecer sobre todo la coordinación con autoridades de investigación”.

Además de las obligaciones para las compañías, el decreto contempla acciones de prevención y acompañamiento para menores y sus familias. Entre ellas se encuentran el programa “ABC de las Emociones”, para difundir información sobre salud mental y uso consciente de las redes sociales, así como la orientación y el apoyo psicológico mediante la Línea de la Vida. Estas acciones se coordinarán entre las secretarías de Educación Pública y de Salud.

La presidenta aclaró que el decreto no contempla sanciones específicas en esta primera etapa, aunque señaló que, si no se cumplen las obligaciones, el Gobierno Federal podría analizar una reforma constitucional que establezca sanciones. Para ello, la Consejería Jurídica y la Agencia de Transformación Digital continuarán las mesas de trabajo y las conversaciones con las empresas antes de la publicación del decreto contemplada para la próxima semana.