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Lo anterior, a raíz de una serie de hechos en la ciudad de Tijuana, donde en zonas residenciales, se han reportado irrupciones de individuos armados que se identifican como autoridades de seguridad pública y utilizan uniformes, vehículos y equipamiento similar al oficial.

“Esta situación revela la creciente utilización de insignias, uniformes tácticos y vehículos con apariencia oficial por parte de grupos delictivos, constituyendo un delito, lo que evidencia, lo fácil que es adquirirlos a falta de un verdadero control normativo y un vacío regulatorio que debe de atenderse de inmediato”, sostuvo.

Explicó que Tijuana, por su condición fronteriza, dinámica criminal y complejidad metropolitana, requiere que la autoridad actúe con contundencia, transparencia y resultados.

“Cuando la ciudadanía teme que cualquiera pueda parecer autoridad, la democracia retrocede y el crimen impone reglas de facto, por ello, resulta prioritario garantizar la autenticidad verificable de operativos oficiales, fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno, modernizar los mecanismos de identificación institucional, proteger zonas residenciales con reportes reiterados de suplantación y restaurar la confianza ciudadana mediante transparencia y rendición de cuentas”.

Como Senador originario de Tijuana -dijo-, resulta ineludible impulsar medidas que no sólo atiendan los hechos recientes, sino que prevengan su repetición y fortalezcan el sistema de seguridad pública desde una perspectiva de mejora institucional, desde la prevención, la regulación adecuada de los insumos oficiales y la implementación de herramientas tecnológicas que permitan distinguir con claridad entre autoridad legítima y simulación criminal.

Max García expresó que no puede descartarse que, además de la hipótesis de suplantación de identidad mediante uso indebido de uniformes e insignias, existan casos en los que pudieran estar involucrados elementos activos de corporaciones de seguridad pública, por lo que resulta indispensable fortalecer los mecanismos de supervisión, control interno, evaluación de desempeño y exámenes de control de confianza, así como consolidar una coordinación efectiva entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, para evitar cualquier forma de colusión, abuso de autoridad o desviación del mandato constitucional de preservar la seguridad pública.

“El enfoque de este punto de acuerdo busca no solo una inmediata investigación de los hechos, sino cerrar institucionalmente la brecha que permite la simulación, control de inventarios, verificación de autenticidad, auditorias, entre otros”.

Por ello, hizo el exhorto para que las diversas instituciones de seguridad elaboren y presenten un Protocolo Nacional de Identificación Verificable de Operativos Oficiales, que incluya mecanismos tecnológicos de autenticación institucional, tales como códigos de verificación visibles, registro digital consultable o sistemas de trazabilidad, que permitan a la ciudadanía distinguir con certeza entre operativos legítimos y posibles actos de suplantación de autoridad. (scg)