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Jojutla, Morelos.- Entre señalamientos por presuntas omisiones institucionales y protestas de colectivos de familiares de personas desaparecidas, concluyeron los trabajos de la sexta exhumación realizada en las fosas del panteón municipal Pedro Amaro, donde fueron recuperados al menos 60 indicios que, de acuerdo con estimaciones de las familias buscadoras, podrían corresponder a entre 90 y 100 cuerpos.

Las diligencias se realizaron del 25 de mayo al 26 de junio en el sitio donde, según antecedentes documentados, fueron inhumados de forma irregular cientos de cuerpos por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Desde 2017, colectivos han impulsado estos procesos para recuperar e identificar restos humanos.

Durante esta intervención acudió el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, quien sostuvo encuentros con familiares y atendió algunos planteamientos realizados durante las jornadas de trabajo.

De manera paralela, representantes de colectivos señalaron al fiscal especializado en Desaparición Forzada de Personas, Alberto Belmont Gutiérrez, por presuntas dificultades para dar continuidad a acuerdos establecidos en exhumaciones anteriores realizadas en Tetelcingo y Jojutla.

De acuerdo con integrantes de los colectivos, uno de los primeros desacuerdos surgió por la intención inicial de integrar todos los restos recuperados dentro de una sola carpeta de investigación, criterio que posteriormente fue ajustado para generar expedientes independientes para cada indicio.

También cuestionaron la intención de desechar materiales utilizados para resguardar restos humanos, al considerar que podrían constituir evidencia para investigaciones posteriores.

Otro de los puntos de discusión ocurrió cuando se planteó concluir anticipadamente la excavación bajo el argumento de haber alcanzado un estrato natural. Sin embargo, familiares recordaron que en procesos anteriores ampliar las excavaciones permitió localizar más cuerpos, por lo que solicitaron continuar los trabajos.

Las familias señalaron además que algunas áreas no alcanzaron la profundidad previamente acordada, por lo que consideran necesario regresar para descartar totalmente la presencia de más restos.

Durante las jornadas también se realizaron expresiones de protesta por parte de colectivos, quienes denunciaron presuntos actos de vigilancia e intimidación durante las diligencias, incluyendo la toma de fotografías y grabaciones cuando manifestaban inconformidades.

Otra de las observaciones realizadas fue la ausencia de herramientas especializadas para búsqueda en campo, además de presuntas deficiencias en la coordinación institucional para clasificar e individualizar los restos recuperados.

Integrantes de colectivos señalaron que persiste una crisis forense debido a que numerosos cuerpos permanecen bajo resguardo institucional únicamente con estudios preliminares y sin completar procesos periciales que permitan avanzar en su identificación.

Respecto a los hallazgos, las familias informaron que entre los restos localizados nuevamente fueron identificados indicios correspondientes a mujeres, bebés y menores de edad, aunque señalaron que la mayoría pertenecería a hombres adultos.

Finalmente, adelantaron que solicitarán ampliar las excavaciones tanto en profundidad como lateralmente y, de ser necesario, impulsar una séptima intervención para continuar con la búsqueda.