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Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, de formar parte de una presunta organización dedicada al huachicol fiscal, por la que habría recibido 18 millones de pesos mediante transferencias realizadas a una cuenta contratada a nombre de la empresa Ingemar.

De acuerdo con la orden de aprehensión en su contra y de otras 24 personas, Ruffo es señalado por los probables delitos de delincuencia organizada y contrabando. La investigación sostiene que desempeñaba un papel de dirigente dentro de la organización criminal, con dominio funcional de las operaciones ilícitas.

La indagatoria refiere que Ingemar, de la cual Ruffo es identificado como accionista mayoritario, declaraba importaciones de aproximadamente 10 mil litros de combustible por unidad; sin embargo, los dictámenes periciales determinaron que cada carrotanque transportaba en realidad más de 100 mil litros de hidrocarburo en al menos 163 operaciones.

Según la FGR, el exmandatario estatal, de 74 años, fungía como operador estratégico en el nivel corporativo, aportando la estructura jurídica y administrativa necesaria para dar continuidad al esquema ilícito y legitimar las operaciones de la empresa.

Las investigaciones sostienen que, pese a que Ingemar contaba con permisos de la Secretaría de Energía (Sener) para importar combustibles, los volúmenes introducidos al país excedían lo autorizado y lo declarado en los pedimentos aduanales, lo que constituye una presunta introducción ilícita de hidrocarburos.

La autoridad señala que el permiso únicamente amparaba el volumen y las condiciones autorizadas, por lo que el excedente ingresado carecía de sustento legal y no fue reportado ante la autoridad aduanera, generando una afectación al fisco federal.

La carpeta de investigación también establece que Ruffo presuntamente controlaba las personas morales utilizadas para la operación, diseñaba el esquema de simulación aduanera y fiscal, coordinaba a los operadores y obtenía beneficios económicos derivados de las actividades ilícitas.

Junto con el exgobernador también fueron acusados Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Luis Antonio Barrientos Juárez y Adriana Magali Bárcenas Guillén, entre otros involucrados.

La investigación refiere que las empresas Ingemar y Servicios Aduanales JR participaron en una mecánica para alterar la naturaleza de la mercancía, subdeclarar volúmenes de combustible y evadir el pago de contribuciones federales mediante información falsa presentada en el sistema electrónico aduanero.

Como resultado de estas operaciones, la FGR sostiene que Ingemar omitió el pago de 158 millones 580 mil 417 pesos, mientras que Servicios Aduanales JR dejó de cubrir 2 millones 205 mil 239 pesos en contribuciones federales, correspondientes a operaciones realizadas entre el 11 de abril y el 29 de junio de 2025.

Con información de EL Universal