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TIJUANA.- El avance del cemento adulterado o de procedencia irregular, conocido popularmente como cemento huachicol, llegó al Congreso de la Unión, donde la Tercera Comisión de la Permanente aprobó un exhorto urgente a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para reforzar las acciones contra la comercialización de este material.

Con esta medida, el problema del cemento huachicol en Tijuana dejó de ser únicamente un asunto local para convertirse en un tema de atención federal por sus posibles efectos en la seguridad de las construcciones y la economía de las familias.

De acuerdo con el dictamen aprobado, los legisladores solicitaron a la Profeco intensificar las labores de verificación y vigilancia en la comercialización de productos cementeros, además de reforzar las acciones de orientación, información y emisión de alertas públicas para prevenir la circulación de materiales que no cumplan con la normatividad.

La medida busca proteger los derechos, la seguridad y la economía de los consumidores y garantizar que los productos utilizados en la construcción cumplan con los estándares establecidos.

Para habitantes de Tijuana y Baja California, la intervención de la Comisión Permanente responde a un riesgo que puede impactar directamente en el patrimonio de las familias, particularmente cuando materiales de menor calidad son utilizados en obras de vivienda.

La utilización de cemento adulterado para construir habitaciones, levantar bardas o cimentar viviendas puede representar un riesgo estructural, especialmente en una ciudad con laderas, cañadas y actividad sísmica. La menor resistencia de estos materiales puede reducir la vida útil de las construcciones y favorecer la aparición de grietas o fallas estructurales.

El problema también representa un impacto para la economía familiar, debido a que algunas personas pueden ser atraídas por precios inferiores a los del mercado y terminar utilizando productos que no ofrecen las características necesarias para garantizar la resistencia de sus construcciones.

A través del punto de acuerdo aprobado, las autoridades federales buscan reforzar la vigilancia sobre distribuidores irregulares y evitar que materiales fuera de norma sean utilizados en obras de construcción, particularmente aquellas destinadas al patrimonio de las familias.

Ante este escenario, la Cámara Nacional del Cemento (Canacem) hizo un llamado a la población para adquirir materiales únicamente a través de distribuidores autorizados y verificar que los productos cuenten con las características y certificaciones correspondientes.

El organismo recomendó revisar los sellos de garantía del fabricante, las normas oficiales mexicanas aplicables y desconfiar de ofertas cuyos precios se encuentren muy por debajo de los establecidos en el mercado formal.