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CDMX.- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, presentó el balance del primer año de la nueva integración del máximo tribunal e hizo énfasis en la reducción del rezago, la digitalización de procesos, la austeridad y una mayor apertura hacia las comunidades y la ciudadanía.

Al hacer un recuento de las condiciones en que recibió la Corte, Aguilar Ortiz señaló que se realizó una revisión de los pendientes administrativos y jurisdiccionales, con miles de promociones, expedientes y piezas postales que permanecían sin concluir.

“Por esta razón, se ordenó una revisión exhaustiva y se certificó que existían 3 mil 177 promociones sin atender, 18 mil 38 razones secretariales firmadas y en espera de cerrar los expedientes, 2 mil 130 piezas postales pendientes, 345 asuntos sin acordar ni tramitar, 3 mil expedientes que no se habían enviado al archivo desde 2024 y aproximadamente 20 mil asuntos varios sin dar de baja”.

Para atender esta situación, la nueva Corte impulsó modificaciones en la gestión de expedientes y en los procesos internos, entre ellas la incorporación de herramientas digitales. Aguilar Ortiz también destacó que los amparos directos en revisión comenzaron a integrarse exclusivamente en expedientes electrónicos y que también se modernizaron procesos relacionados con la administración de tesis y la atención de los asuntos varios.

“Desde el 1 de mayo, los amparos directos en revisión se integran en expedientes exclusivamente electrónicos. Conviene decir que más del 90 por ciento de estos asuntos se desecha, por lo que no es necesario imprimir toneladas de papel, como se venía haciendo. Hoy esta medida implica importantes ahorros. En los expedientes, el rezago se redujo a la mitad y el tiempo estimado de atención pasó de dos meses a dos días”.

El ministro presidente informó que durante el primer año ingresaron 15 mil 51 expedientes, incluidos asuntos correspondientes al rezago de la anterior integración, y se resolvieron 13 mil 231. Del total de asuntos resueltos, 2 mil 640 correspondieron al Pleno y 10 mil 591 fueron atendidos mediante acuerdo.

“En este primer año ingresaron 15 mil 51 expedientes jurisdiccionales, incluyendo el rezago de la anterior integración. De ellos se resolvieron 13 mil 231 asuntos. 2 mil 640 por el Pleno y 10 mil 591 mediante acuerdo. Esto significa que resolvimos el 88 por ciento de todo lo ingresado”.

Aguilar Ortiz destacó el avance en el abatimiento del rezago heredado. Señaló que de los mil 479 asuntos recibidos por la nueva integración únicamente permanecen pendientes 44. Otro de los ejes del balance fue el acceso a la justicia. El ministro presidente informó que se abrieron 12 nuevas casas de asesoría jurídica intercultural y que el Instituto Federal de Defensoría Pública atendió 57 mil solicitudes de defensa y asesoría, 12 mil más que en el periodo anterior. Además, mediante el programa de preliberaciones, reportó que 22 mil 200 personas quedaron en libertad.

En materia administrativa, se sostuvo que la nueva Corte aplicó una política de austeridad que incluyó una reducción de 10 por ciento en el personal administrativo y estableció que cualquier modificación a la estructura orgánica debe representar un ahorro de al menos el mismo porcentaje. Como resultado, aseguró que durante el año se obtuvieron ahorros superiores a 4 mil 700 millones de pesos y adelantó que el presupuesto para 2027 mantendrá el mismo criterio de austeridad.

“Con todas las medidas adoptadas este año en el Poder Judicial hemos ahorrado más de 4 mil 700 millones de pesos en este año. Asimismo, es importante dar a conocer que nuestro presupuesto para 2027 continuará siendo austero”.

Finalmente , la nueva Suprema Corte realizó una sesión extraordinaria en Tenejapa, Chiapas, y organizó 20 diálogos en 10 estados con autoridades y representantes de comunidades. Aguilar Ortiz señaló que estas acciones buscan acercar el máximo tribunal a sectores que históricamente han tenido mayores dificultades para acceder a la justicia.

“Este año resolvimos con sensibilidad social y redujimos el rezago que recibimos. Salimos a territorio. Escuchamos a las comunidades, los colectivos y a las personas colocándolas en el centro de cada decisión”.