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Por Redacción | miércoles, 23 de septiembre de 2026
Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa señalaron que en una reunión con autoridades federales se ratificó información sobre la presencia de 17 estudiantes en la barandilla de Iguala, por lo que exigieron profundizar esa línea de investigación.
Chilpancingo, Gro.- Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa señalaron que autoridades federales ratificaron información sobre la presencia de 17 estudiantes en las celdas de retención de la Policía Municipal de Iguala, una línea que las familias consideran fundamental para esclarecer qué ocurrió con los jóvenes después de su desaparición.
El señalamiento fue realizado por Melitón Ortega Jiménez, tío de Maurio Ortega Valerio, uno de los normalistas desaparecidos, antes de la marcha realizada en Chilpancingo como parte de la jornada “Ayotzinapa 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga”.
De acuerdo con Ortega Jiménez, durante la reunión que los familiares sostuvieron con la presidenta Claudia Sheinbaum el 21 de agosto, el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán Álvarez, informó sobre los avances en la revisión de información relacionada con la barandilla de Iguala.
“Se ratifica esa información de que efectivamente los estudiantes habían llegado a la barandilla de Iguala”, afirmó el representante de las familias, quien consideró relevante que las autoridades hayan retomado esa información mediante herramientas tecnológicas.
Según el planteamiento de los padres, la información señala que 17 estudiantes fueron llevados a la barandilla municipal. Un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya había documentado esta línea de investigación a partir de información obtenida sobre los hechos ocurridos en Iguala. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
“Se rectificó lo que los expertos han señalado, que fueron 17 estudiantes los que llegaron. Hoy se ratificó con la Presidenta y nos parece importante”, expresó Ortega.
Sin embargo, advirtió que para las familias el reconocimiento de ese punto no representa el esclarecimiento del caso, debido a que todavía buscan determinar qué ocurrió con los jóvenes después de su permanencia en las instalaciones municipales.
“No sólo debe quedar ahí, se le tiene que dar seguimiento porque los padres queremos saber qué pasó después de eso”, sostuvo.
En ese sentido, los familiares reiteraron su exigencia para que avance la extradición de José Ulises Bernabé, quien era responsable de la barandilla de la Policía Municipal de Iguala y a quien consideran una persona que podría aportar información sobre lo ocurrido con los estudiantes.
También insistieron en la extradición de Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, además de reclamar avances en otras líneas de investigación relacionadas con el caso.
La marcha en Chilpancingo reunió a más de mil personas. La movilización partió de la glorieta de Nicolás Bravo, recorrió calles del centro de la ciudad y concluyó con un mitin en el monumento a las Banderas, donde se encuentra el antimonumento dedicado a los 43.
En la movilización participaron integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), maestros, activistas y miembros del Colectivo Lupita Rodríguez.
Posteriormente, padres, estudiantes y activistas se trasladaron a la 35 Zona Militar, donde realizaron otra manifestación. En la puerta principal, el abogado del caso Ayotzinapa, Isidoro Vicario Aguilar, señaló que desde esas instalaciones se habría dado seguimiento a actividades relacionadas con la Normal Rural de Ayotzinapa.
Vicario Aguilar sostuvo que el Ejército monitoreó a los estudiantes durante el 26 y 27 de septiembre de 2014 y cuestionó que permanezca pendiente la entrega de cientos de folios de información de inteligencia relacionados con el caso.
La existencia de documentos militares vinculados con la ubicación y traslado de los estudiantes ha sido señalada desde investigaciones anteriores. Las familias han reclamado durante años la entrega de estos archivos, algunos de los cuales estarían relacionados con los 17 normalistas llevados a la barandilla municipal. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Ortega Jiménez afirmó que, a casi 12 años de la desaparición, el principal objetivo de los familiares continúa siendo conocer el paradero de los estudiantes.
“Son 12 años, llegamos en la misma situación porque el eje central de la lucha de los padres es el paradero de los estudiantes”, manifestó.
El familiar reconoció algunos avances en las investigaciones y detenciones, pero señaló que las familias todavía no cuentan con la información que consideran fundamental para conocer dónde se encuentran los normalistas.
“Ese es el problema, esa es la preocupación de los padres, ojalá en estos días pudiera haber más información del paradero de los estudiantes”, dijo.
También cuestionó que algunas de las líneas de investigación planteadas por el GIEI no hayan avanzado, particularmente la relacionada con los folios de información del Ejército.
Sobre las declaraciones de la presidenta respecto a un supuesto “libro de ficción”, Ortega señaló que las familias desconocen a qué documentos se refería y pidió que se precise si esa expresión estaba relacionada con los informes elaborados por los expertos independientes.
“Nos quedamos con la duda a qué se refiere la presidenta cuando habla del libro de ficción”, expresó.
El representante de las familias consideró que, si la referencia fuera a los informes del GIEI, sería necesario aclararlo, pues los padres los consideran documentos serios y relevantes para la investigación.
“Lo que sí queremos es que haya un buen trabajo y que retome muchas líneas de los informes”, afirmó.
Durante la jornada, los manifestantes también exigieron investigar a funcionarios que ocupaban cargos públicos durante los hechos de 2014, entre ellos el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el exfiscal estatal, Iñaky Blanco; y el entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
Respecto a la situación jurídica de Ángel Aguirre, Ortega Jiménez dijo que las familias no cuentan con información suficiente sobre su proceso y expresó preocupación por la posibilidad de que quede en libertad si no se fortalecen las acusaciones en su contra.
“Hay un periodo de cuatro meses para presentar más pruebas, pero le dijimos a la presidenta que debe fortalecer las pruebas para presentarlas”, señaló.
Los padres insistieron en que el esclarecimiento de lo ocurrido con los 17 estudiantes que estuvieron en la barandilla, así como la entrega de la información militar pendiente y el seguimiento de otras líneas de investigación, son elementos que consideran necesarios para avanzar en la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.
Con información de Proceso