Por Redacción | jueves, 22 de julio de 2021

Luisa María Alcalde, titular de la STPS, informó que 1.6 millones de trabajadores que estaban en un esquema de subcontratación ya han sido transferidos a las nóminas centrales de las empresas.


El Congreso de la Unión tendrá la última palabra para extender los plazos de transición de la reforma de subcontratación, los legisladores ahora deben decidir si la ampliación será hasta septiembre o enero. En ambos casos, las empresas que usan estos esquemas tendrían un respiro temporal para ponerse al corriente con las nuevas reglas.

Los senadores fueron los que oficialmente reabrieron esta semana el debate en torno a la aplicación de la reforma de subcontratación promulgada el pasado 23 de abril. De esta manera, y de aprobarse los cambios planteados, se extenderán los tiempos previstos inicialmente para la transferencia de personal, la sustitución patronal, los cambios ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la inscripción en el Registro de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) y las nuevas reglas fiscales.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió este miércoles dos proyectos de reforma para extender el plazo para todos estos procedimientos. El senador Ricardo Monreal Ávila (Morena) presentó la propuesta para que el periodo de transición termine el 1 de septiembre próximo; la senadora Kenia López Rabadán (PAN), por su parte, para ampliarlo hasta el 1 de enero de 2022. Las comisiones de Hacienda y de Trabajo de la Cámara de Diputados serán las encargadas de dictaminar las propuestas.

Al oficializarse la iniciativa del senador Monreal Ávila, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, reconoció en sus redes sociales que la aprobación de la iniciativa permitirá ampliar el plazo de regularización para las empresas. “Al día de hoy un millón 600,000 trabajadores han salido del esquema de subcontratación y sus derechos han sido reconocidos por sus patrones”, agregó. Esto equivale a un tercio del universo de 4.6 millones de personas que se estima que laboraban en esta modalidad antes de la reforma.

Ricardo Monreal señaló que después de escuchar a diversos actores involucrados, consideró conveniente proponer una ampliación de los plazos de la reforma para permitir una mejor ejecución de las nuevas reglas.

Por su parte, Kenia López afirmó que se requiere una extensión mayor a un mes para que las empresas cumplan con las disposiciones de transición, además de una mejor participación del IMSS, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para evitar que la inscripción al Repse, que administra la STPS, se convierta en un “cuello de botella”.

Tal como esta contemplada la reforma en vigor, este sábado vence el plazo para que las empresas con esquemas de outsourcing o insourcing realicen la transferencia del personal a sus nóminas centrales. Esa también es la fecha límite para que los negocios en etapa de transición soliciten ante el IMSS la baja de los registros patronales por clase y la asignación de uno nuevo.

En tanto, a partir del 1 de agosto las empresas ya no podrán deducir o acreditar los pagos realizados por concepto de suministro de personal. Además, la simulación de subcontratación de servicios especializados se equiparará a delito de defraudación fiscal.

Patrones respaldan la ampliación

El sector empresarial pidió más tiempo de transición desde antes de la aprobación de la reforma. En ese sentido, José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), pidió aprovechar esta nueva oportunidad para analizar a fondo el plazo otorgado a las empresas para regularizarse. Aunque reconoció que cualquier extensión es buena, el mejor es escenario es el planteado para enero.

“Quisiéramos que se aproveche esa discusión, es un reconocimiento de que efectivamente el plazo que se había establecido no es suficiente y que se tiene que ampliar. En esa discusión, esperamos que el Poder Legislativo atienda el problema de fondo; es decir, que se haga esta extensión del plazo de registro al 1 de enero de 2022, tal como está para el sector público”, dijo en entrevista.

Medina Mora apuntó que conforme ha avanzado el tiempo para que las empresas se regularicen, se han detectado algunas complicaciones que dificultarían que los negocios estén en regla en los plazos determinados inicialmente.

“El sistema no ha sido suficientemente ágil y hay requisitos de distintos organismos, por eso insistimos en la necesidad de que se amplié el plazo. Desde luego estamos de acuerdo en que se aplique la reforma de subcontratación como fue aprobada, simplemente desde el principio señalamos que, si algo hacía falta, es que se ampliaran los plazos de registro”, expuso.

En ese tenor, el presidente de Coparmex descartó que el sector empresarial aproveche esta discusión para pedir más modificaciones al marco regulatorio y se acotarán a solicitar únicamente que se extienda el plazo. “Nos parece que a como fue aprobada la ley está bien y sólo se requiere más tiempo”.

En tanto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezado por Carlos Salazar Lomelín, consideró positivos los proyectos para ampliar el periodo de transición de la reforma para la iniciativa privada y contar con mayor tiempo para adaptarse a las nuevas reglas, tal como ocurre con la prohibición de la subcontratación laboral para las dependencias gubernamentales, cuyo plazo de implementación vence el 1 de enero de 2022.

"Desde el CCE reiteramos nuestra disposición a un diálogo que permita encontrar el plazo más amplio posible en beneficio de las y los trabajadores, y que asegure la eficacia de la ley", expresó el organismo empresarial en su cuenta de Twitter.

Extensión temporal necesaria

Especialistas consideraron que la extensión del periodo de transición es necesaria, debido a que la reforma de subcontratación implica una fuerte reestructura interna en las empresas, además de confusiones y complicaciones que se han presentado en los meses de regularización. Sin embargo, consideraron que ampliar el periodo hasta septiembre como lo planteó Morena en el Senado sería poco tiempo.

“Es un pequeño respiro, pero el ritmo de trabajo para regularizarse es el mismo porque estamos reorganizando y reestructurando a las empresas extranjeras que operan en México”, apuntó Carlos Ferrán, socio director de la firma Ferrán Martínez Abogados.

Opinó que la regularización de las compañías ha implicado un periodo de sensibilización que no ha sido fácil porque las modificaciones equivalen a una “gran cirugía”.

Por su parte, Óscar de la Vega, socio de la firma D&M Abogados, expresó que una extensión de 30 días viene bien para la transición, pero no es suficiente. “Es un paleativo en el proceso que estamos inmersos, porque son reestructuraciones corporativas de gran calado de las empresas”.

Desde la óptica el especialista, la ampliación obedece a la cantidad de registros que se están presentando. Sin embargo, aún con la prórroga, agregó, es importante tener mayor claridad en las nuevas reglas para evitar confusiones.

Ambos abogados consideraron que la inscripción al Repse ha presentado algunas complicaciones para las compañías, pero reconocieron la disposición de las autoridades para esclarecer dudas.

La reforma de subcontratación modificó siete ordenamientos legales, de esta manera, cerró la puerta al outsourcing basado en suministro de personal y reguló con nuevos criterios la prestación de servicios especializados.

Por su parte, Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, opinó que la ampliación no era necesaria e incluso podría ser un tiempo para que se diseñen nuevos mecanismos de evasión.

“Esa reforma debió haber entrado en vigor al siguiente día de su publicación y no estar con la idea de un tiempecito y otro tiempecito, esto desdibuja la importancia de la reforma. No comparto la forma en la que se está ampliando porque finalmente implica un perjuicio hacia los trabajadores”, expresó.

- EL ECONOMISTA