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La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (FECCQROO) abrió una carpeta de investigación contra personal de la Junta Laboral del municipio de Cozumel, del Registro Público de la Propiedad, así como de un notario público de Quintana Roo. Esto por el presunto apoderamiento de bienes en el estado.

“La FECCQROO inició una carpeta de investigación derivado de las publicaciones en diferentes medios de comunicación por posibles hechos criminales en el apoderamiento de propiedades lujosas, a través de juicios laborales simulados y relacionado con créditos bancarios”, informó la fiscalía en un comunicado en su cuenta de Facebook.

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El jueves pasado, Carlos Loret presentó el reportaje El Cártel del Despojo, en el que se describe cómo el dirigente estatal de Quintana Roo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Pablo Bustamante, junto con otras tres personas, pretendieron ser trabajadores de una empresa de tiempos compartidos, propiedad de la madre de Gustavo Miranda -su amigo y compañero de partido- para demandarla ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Cozumel por despido injustificado el 27 de julio de 2015.

Teresa de Jesús Ku Pat, integrante de la Junta de Conciliación, les dio la razón a Bustamante y al resto de los involucrados. Determinó que la empresaria debía indemnizarlos con una cifra conjunta alrededor de los 10 millones de pesos. El dirigente estatal en Quintana Roo del PVEM y los otros tres quejosos pidieron como pago un departamento ubicado en la torre condominal Maioris Towers, en Cancún, -que tenía un valor aproximado de 13 millones- sin que la empresaria defendiera su propiedad.

El banco Sabadell se dio cuenta de la falta de pago del crédito solicitada por la empresaria. Un representante de la entidad acudió al registro público de la Propiedad y del Comercio para registrar que estaba grabado, y se dio cuenta que el inmueble ya estaba registrado a nombre de Bustamante y de los otros tres particulares, quienes vendieron el condominio. La venta del departamento no se ha concretado, porque el banco se amparó.

Bustamante y los otros tres involucrados también ganaron otras dos demandas a la empresaria, por parte de más empleados, quienes le reclaman otras propiedades millonarias sacadas con créditos bancarios.

Dos días después de la publicación del reportaje, la fiscalía anticorrupción anunció la apertura de la carpeta de investigación, aunque no incluye a Bustamante.

“Los datos aportados públicamente han sido suficientes para girar las instrucciones necesarias y así establecer las posibles líneas de investigación. Con base a esto se realizarán todos los actos tendientes para el esclarecimiento del caso”, añadió en otra parte de su comunicado la fiscalía anticorrupción.

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Miranda, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y también señalado de estar involucrado en el caso, negó las acusaciones y dijo que el caso “es una ficción construida”. Hasta el momento, Bustamante ni el resto de los involucrados han dado una postura acerca de la apertura de la investigación de la fiscalía anticorrupción estatal.

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