Política y Políticos

TIJUANA

¡Tijuana tiene prisa! Ha sido el slogan del Alcalde Arturo González Cruz quien sin querer queriendo dio justo en el blanco del sentir de la mayoría de tijuanenses al conocer su mandato y sí, Tijuana tiene prisa pero de que González se vaya y no regrese.

Más allá del trabajo con resultados negativos que ha entregado, o que tenga en abandono a la ciudad por sus sueños guajiros de convertirse en gobernador, ciertamente Arturo González ha cometido en sólo un par de días dos errores críticos que le afectarán mucho en su imagen pública.

Primeramente, el año pasado quedó de manifiesto que si existe algún servidor público que goce de total aceptación entre los tijuanenses son los bomberos, aquellos héroes mal pagados que se juegan la vida cada vez que se presenta un siniestro, ahí es donde Arturo decidió meterse y el otro lugar donde más le duele a los tijuanenses es su bolsillo, con el aumento a los impuestos propuesto por Arturo, no cabe duda que ni el corazón ni el bolsillo de los tijuanenses se encuentra en las prioridades del presidente municipal.

Respecto a los impuestos, ya ha sido ampliamente informado la intentona de González por aumentar el impuesto al alumbrado público en hogares un 180% más (es decir subirá casi dos veces lo que hoy se paga) y el aumento de este impuesto en los comercios busca elevarlo un 800% más, para el caso, los que hoy pagan por lo general 139 pesos mensuales, gracias a González el 2021 deberán de pagar mil 129 pesos mensuales. También los usuarios industriales resentirán un incremento, ya que su pago subirá de 15 a 23 UMAS al mes (de mil 303 a mil 998 pesos).

Pocos recuerdan, pero dicho impuesto fue “inventado” cuando Osuna Millán era alcalde por aquellos años de 1996, en ese entonces, el nobel Osuna propuso cobrar “un peso” a cada hogar para mantener el alumbrado público y cuidaron que no fuera un Derecho pues implicaba que tuvieras alumbrado fuera de tu casa.

Se diseñó de tal forma que el impuesto fuera sobre “el consumo de electricidad” con una “cuota fija” para uso habitacional y escalonado para consumo comercial e industrial quienes fueron los que siempre pagaron más.

Es obvio que el municipio no puede cobrar sobre consumo de electricidad, pero con los años por alguna razón ese impuesto subsistió hasta que este año la Suprema Corte lo declaró inconstitucional, por lo que se les ocurrió la brillante idea de cambiarlo por un “derecho”.

Lo peor es que quienes pagamos el “impuesto” durante más de 20 años, podemos reclamar la devolución del pago de lo indebido al Ayuntamiento y ampararnos o exigir que a cambio del pago (a huevo) del “derecho”, afuera de nuestras casas haya una lámpara de alumbrado público que funcione.

Algunos especialistas comentan que lo que va a venir pasando es que van a concesionar el servicio del alumbrado público para que empresas privadas lo instalen y nos cobren por el servicio haciendo realidad el negocio que durante más de 20 años los “empresarios” han querido tener, seguramente la mentalidad empresarial (de tiburón) de González le ha mostrado el olor del dinero que habría en lograr que se concesione este servicio y los beneficios económicos que pudiera traer (igual y le alcanzaría a pagarse más edificios como el que pagó con 22 millones de dólares en efectivo en 2019).

A diferencia de los Impuestos los Derechos implican una contraprestación así que en estricto sentido solo se los pueden cobrar a quienes tienen alumbrado público afuera de su casa y que funcione, así que si de casualidad se logra el cometido de González, estará metiendo en otro aprieto a la ciudad.

Sin embargo, los yerros de González no terminan ahí, desde que comenzaron los incendios este año, en redes sociales se fue documentando la serie de carestías que los bomberos han tenido para poder apagar los fuegos en la ciudad, a grado tal que no sólo les falta equipo, sino que usan mangueras de los vecinos del lugar para apagar el fuego, a final de cuentas buscan hacer su labor.

Pero además, el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Valdés Moreno y la titular de la Dirección Jurídica de la dependencia, María Elena Tablada Gutiérrez giraron un oficio a todos los bomberos, donde prácticamente los amenazan con meterlos a la cárcel si divulgan la carestía en que los tienen trabajando.

Específicamente se instruyó a los elementos de la Dirección de Bomberos y de la Policía Municipal que está “estrictamente prohibido publicar en cualquier medio de difusión, en específico redes sociales, cualquier información a la que tenga acceso en razón de su empleo, cargo o comisión”.

Para que no quede dudas, el oficio señala que “se les notifica que por órdenes del encargado de despacho, Juan Valdés Moreno, se deberá de abstenerse de emitir declaraciones respecto a temas que generen controversia pública, o bien que pudieran obstaculizar las investigaciones que se realizan en esta Dirección de Bomberos”.

Luego de la censura, el texto viene acompañado con una amenaza que dice: “sufrirá la pena de uno a cinco años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa”, por lo que estoy generó un enojo muy entendible entre los bomberos, sino en el público en general, quienes han criticado el dispendio que González ha tenido sobre todo en gastos de imagen y difusión, sin embargo, para salvar vidas no existen los recursos necesarios para hacer el trabajo y al contrario, sólo se han recibido amenazas de multas o cárcel.

Con este tipo de actitudes, cada vez son menos las personas que no creen que González Cruz no haya amenazado de muerte al finado Mariano Soto Cortés, uno de los últimos bastiones del periodismo libre y sin censura.