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Política y Políticos
CLAUDIA SHEINBAUM... firma en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, decretos para restituir más de 800 hectáreas a comunidades indígenas, en un acto de justicia histórica para los pueblos Ódami y Rarámuri.
Por Redacción | domingo, 18 de mayo de 2025
En medio del renovado impulso que Baja California vive bajo el liderazgo de la Gobernadora MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA, las juventudes de la entidad vuelven a colocarse al centro de una política pública con visión humanista, creativa y transformadora.
Con 221 jóvenes inscritos, Baja California se ubica entre los primeros lugares de participación en el certamen binacional “México Canta por la Paz y Contra las Adicciones”, convocado por el Gobierno de México como parte del Plan México, una estrategia que entrelaza cultura, prevención y juventud como ejes de una nueva narrativa para el país.
La respuesta entusiasta de las juventudes bajacalifornianas no es casualidad. Desde el inicio de su gestión, la mandataria estatal ha colocado en el centro de sus políticas públicas a las niñas, niños y adolescentes, así como a los jóvenes que buscan abrirse paso en un contexto muchas veces adverso.
Este concurso, que busca recuperar la esencia de la música mexicana como vehículo de identidad y mensaje positivo, representa mucho más que una competencia artística: es un acto de resistencia cultural frente al discurso de la violencia y la apología del crimen que tanto daño ha causado en la construcción de modelos aspiracionales para la juventud.
La música, en este caso, se convierte en trinchera. Y Baja California, una vez más, alza la voz como referente nacional en creatividad, participación y talento joven. Con géneros que van desde el mariachi y la banda, hasta el rap, el bolero y el espanglish, las y los participantes no sólo mostrarán su capacidad vocal o compositiva, sino que enviarán un mensaje claro: la juventud tiene mucho que decir, y lo hará sin miedo, sin armas y sin drogas.
En este contexto, destaca con particular relevancia que Baja California haya sido seleccionada como una de las sedes del concurso, junto con Ciudad de México, Oaxaca y Durango. El hecho no solo enaltece el talento regional, sino que fortalece el compromiso institucional del estado con los valores que promueve esta iniciativa: la paz, la no violencia, la inclusión y el arte como herramienta de transformación.
Pero el impulso a la juventud no termina allí. En el mismo sentido de protección integral de derechos, la Diputada EVELYN SÁNCHEZ SÁNCHEZ ha propuesto una iniciativa clave para reforzar el blindaje legal de niñas, niños y adolescentes en Baja California.
Se trata de una reforma a la Ley de Protección y Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con el objetivo de establecer un catálogo claro, preciso y aplicable de medidas de protección especial. Su propuesta busca que esas medidas sean personalizadas, intransferibles y dictadas judicialmente, garantizando así la máxima protección posible ante situaciones de riesgo.
A ello se suma una crítica que no puede ignorarse: los avances en la aplicación de la ley enfrentan obstáculos estructurales. Falta de protocolos, personal poco capacitado y escasez de recursos son los principales factores que impiden una atención eficaz. Es aquí donde el fortalecimiento del marco normativo debe ir acompañado por voluntad política, presupuesto y una cultura institucional que entienda que proteger a la niñez y juventud no es optativo, es un mandato moral y jurídico.
Y mientras en Baja California se defiende a la juventud con arte y legislación, en el corazón de la Sierra Tarahumara, la Presidenta de México, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO escribe un nuevo capítulo de justicia social para los pueblos originarios.
Desde Guadalupe y Calvo, Chihuahua, firmó los decretos de restitución de 502.3 hectáreas a la comunidad Ódami de Mesa Colorada y 317.9 hectáreas a la comunidad Rarámuri de Mogótavo. No se trata sólo de propiedad legal: es la devolución de la tierra que siempre fue suya, como ella misma lo dijo, en un acto de justicia histórica que representa los valores más profundos de la Cuarta Transformación.
Este acto no es aislado. Forma parte del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara, que ya suma 2 mil 998.9 hectáreas restituidas y una inversión federal superior a los 5 mil 441 millones de pesos en áreas como caminos, electrificación, justicia ambiental y educación.
La creación del programa Caminos Artesanales, con 16 nuevas rutas; el fortalecimiento del programa Salud Casa por Casa; las brigadas médicas mensuales; y la formación de enfermeros indígenas, son apenas algunas de las medidas que dignifican la vida en estas regiones históricamente postergadas.
Todo esto va acompañado por la apertura de nuevas Casas de la Niñez Indígena, la reconversión de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara y apoyos directos a estudiantes. También, por una inversión de más de 591 millones en Sembrando Vida y más de 650 millones de pesos en obras de electrificación rural.
Es una visión integral que no solamente repara deudas, sino que proyecta futuro con raíces firmes.
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