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CLAUDIA SHEINBAUM… recorrió el nuevo Hospital del IMSS en Ciudad del Carmen, Campeche
Por Braulio Serrano Ruíz | lunes, 23 de junio de 2025
MEXICALI...
La Presidenta de México, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, continúa consolidando la transformación del sistema de salud nacional con pasos firmes. Esta vez, su presencia en Ciudad del Carmen, Campeche, marcó un antes y un después para la atención médica especializada, al supervisar la construcción del Hospital de Gineco-Pediatría No. 15 del IMSS, cuya inauguración quedó oficialmente anunciada para el próximo 30 de octubre.
El hospital, que durante años permaneció como una promesa incumplida de administraciones pasadas, será ahora un símbolo del nuevo rostro de la salud pública. Contará con 64 camas —38 de hospitalización y 26 en áreas críticas como cuidados intensivos neonatales, pediátricos y para mujeres—, 11 consultorios de especialidad, tres quirófanos, clínica de mama, servicios diagnósticos de imagen y un equipo humano compuesto por 753 trabajadores de la salud y 79 médicas y médicos especialistas. Una infraestructura médica que no solo promete capacidad, sino calidad con rostro humano.
La Presidenta fue clara al señalar que este hospital estuvo plagado de irregularidades administrativas en su origen, pero bajo la conducción del director general del IMSS, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, el proyecto fue rescatado y llevado al umbral de su apertura. En voz propia, SHEINBAUM PARDO anticipó que los últimos detalles, como la contratación de personal pendiente, estarán resueltos en las próximas semanas.
Durante su visita, también aprovechó para anunciar la regularización de pagos a proveedores de PEMEX, lo que traerá certeza económica a empresas locales, y confirmó que se construirá una planta de tratamiento de agua y se ampliará el malecón de la ciudad, todo ello en coordinación con el gobierno estatal y municipal. La mandataria federal dejó claro que su compromiso con Campeche no es de palabra, sino de hechos.
En el mismo tenor de modernización institucional, el Poder Judicial de Baja California avanza con paso firme hacia la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, una reforma de gran calado que transforma la manera en que se imparte justicia en el país. Esta semana, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, ALEJANDRO ISAAC FRAGOZO LÓPEZ, encabezó un recorrido de supervisión por la obra que albergará el primer edificio de oralidad civil y familiar en el municipio de Playas de Rosarito.
La construcción de este inmueble representa un paso histórico en la justicia local, al ser el primero específicamente diseñado para operar bajo el nuevo Código, que unifica la impartición de justicia en estas materias en todo el país. La oralidad, los medios alternativos de solución de conflictos, y el uso estratégico de tecnologías de la información serán los pilares de esta nueva etapa en Baja California.
La transición no ha sido improvisada. Se conformó un Comité de Implementación con magistradas y magistrados del Tribunal, quienes ya encabezan jornadas de capacitación tanto al interior como al exterior del Poder Judicial. Además, se han dado pasos concretos como la creación del Tribunal Civil Corporativo en Tijuana, la apertura de Centrales de Actuarios en distintos municipios y el fortalecimiento del Tribunal Electrónico.
Rosarito será el primer municipio donde el nuevo modelo entrará en vigor, confirmando su papel como laboratorio de vanguardia en la justicia regional.
Y mientras el Poder Judicial se transforma, el Congreso del Estado también hace lo propio. Este fin de semana, el Pleno aprobó por unanimidad una importante reforma al artículo 201 del Código Penal del Estado, impulsada por la diputada NORMA ANGÉLICA PEÑALOZA ESCOBEDO, presidenta de la Comisión de Justicia. La iniciativa tiene como propósito clarificar los rangos de valor económico en los delitos de robo, para que las penas aplicadas correspondan con mayor justicia al daño ocasionado.
Hasta ahora, la fracción I del artículo en cuestión presentaba ambigüedades que dificultaban su interpretación. Con la nueva redacción, se establece con precisión que cuando el monto de lo robado no exceda de ochenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, la pena será de seis meses a tres años de prisión y hasta cien días multa. Una medida que pone orden donde antes había margen de discrecionalidad jurídica.
NORMA ANGÉLICA PEÑALOZA ESCOBEDO… impulsó la reforma para clarificar las penas por delito de robo