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CLAUDIA SHEINBAUM PARDO...Encabezó la 51° Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional, junto a gobernadores y el gabinete de seguridad

Por Braulio Serrano Ruíz | miércoles, 3 de septiembre de 2025

EMX-CLAUDIA SHEINBAUM PARDO...Encabezó la 51° Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional, junto a gobernadores y el gabinete de seguridad

Mexicali...


La seguridad pública en México vive una etapa de definiciones y la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO lo dejó claro al encabezar la 51° Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde se alcanzaron acuerdos históricos con las y los gobernadores de las 32 entidades federativas. La reunión celebrada en Palacio Nacional se convirtió en un parteaguas al sentar las bases para la homologación de leyes en materia de seguridad e investigación, así como en el combate a la desaparición forzada y la búsqueda de personas.
Lejos de limitarse a un encuentro protocolario, la sesión se centró en la aprobación de dos grandes acuerdos que contienen cinco ejes de trabajo y 22 acciones específicas. En ellos destaca el compromiso de los estados para alinear sus marcos jurídicos con el federal, fortaleciendo la estrategia nacional de seguridad y garantizando mayor coordinación con el Gobierno de México, las fiscalías y el nuevo Poder Judicial. 
La presidenta fue contundente al señalar que lo aprobado tiene que ver con “aterrizar la estrategia en cada estado”, lo que significa que la atención a las causas, la inteligencia, la investigación y el fortalecimiento de las policías locales, dejarán de ser solo promesas para convertirse en obligaciones institucionales.
El primer punto aprobado fue el Acuerdo Nacional para Fortalecer las Instituciones de Seguridad Pública. Contiene tres ejes y 16 acciones que deberán implementarse en cada entidad, entre ellas la obligación de que los gobernadores presenten ante sus congresos locales reformas para homologar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con ello, se formaliza la existencia de Mesas de Paz estatales y regionales, se fija como meta incrementar el estado de fuerza de policías estatales y ministerios públicos para diciembre de 2029, y se garantiza que cada entidad cuente con al menos una academia policial certificada por la federación. Además, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá emitir un modelo operativo de homologación para academias e institutos, asegurando estándares de profesionalización en todo el país.
La presidenta adelantó también una iniciativa constitucional de alto impacto: que la extorsión sea perseguida de oficio. Con esta modificación, los estados tendrán la obligación de homologar sus leyes para cerrar el paso a uno de los delitos que más afectan a la ciudadanía y que históricamente han quedado en la impunidad por vacíos legales. Este anuncio fue recibido como un paso firme hacia la consolidación de un marco legal más sólido y con efectos prácticos en la vida de millones de mexicanas y mexicanos.
El segundo acuerdo fue el Acuerdo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, que contiene dos ejes y seis acciones. Cada estado deberá contar con una fiscalía especializada en investigación y búsqueda de personas, así como con servicios periciales forenses con nuevos estándares y capacidad suficiente para atender la demanda. Además, se estableció como prioridad concluir con el rezago de información en la Base Nacional de Información Genética y en el Banco Nacional de Datos Forenses. Se trata de medidas que buscan responder con sensibilidad y eficacia a una de las problemáticas más dolorosas del país, garantizando justicia y acompañamiento a las familias de las víctimas.
Durante la sesión, las intervenciones de integrantes del gabinete federal reforzaron la visión integral de los acuerdos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, OMAR GARCÍA HARFUCH, recordó que el 96 por ciento de los delitos que se cometen en México corresponden al fuero común, de ahí la importancia de fortalecer a las policías estatales y municipales con capacitación, infraestructura y centros de comando modernizados. Refrendó el compromiso del Gobierno Federal de acompañar a las entidades para que los acuerdos no queden en papel, sino que se traduzcan en beneficios concretos para la ciudadanía.
La secretaria de Gobernación, ROSA ICELA RODRÍGUEZ, subrayó la relevancia de armonizar la nueva Ley General de Búsqueda con registros forenses adecuados y con la participación activa de los estados. Recordó que, además de las instituciones, es fundamental seguir acompañando a las familias y organizaciones civiles, como ya se ha hecho con 450 colectivos que han encontrado en la federación un respaldo real.
El fiscal general de la República, ALEJANDRO GERTZ MANERO, presentó a las y los gobernadores un proyecto para atender infracciones diarias en comunidades del país, buscando reducir la impunidad en casos cotidianos que afectan la convivencia social. En tanto, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, MARCELA FIGUEROA FRANCO, informó que en 26 entidades federativas se ha logrado una reducción del homicidio doloso, lo que equivale a una disminución nacional del 25 por ciento, reflejo de que las políticas aplicadas empiezan a mostrar resultados tangibles.
La sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública no solo evidenció la necesidad de avanzar en la homologación legal, sino que demostró la voluntad política de gobernadoras, gobernadores y del Gobierno Federal para asumir responsabilidades compartidas. En materia de seguridad y búsqueda de desaparecidos, no caben esfuerzos aislados: la coordinación y el fortalecimiento institucional son las únicas vías para devolverle la paz al país.
Así, los acuerdos alcanzados marcan un nuevo rumbo. Con un horizonte claro hacia 2029, el fortalecimiento de policías estatales, la persecución de la extorsión como delito grave, la profesionalización policial y el acompañamiento a las familias de víctimas de desaparición se convierten en compromisos verificables. En el México de hoy, la seguridad pública deja de ser un tema retórico para convertirse en una política de Estado con visión integral y coordinación total.

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