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Política y Políticos

Claudia Sheinbaum Pardo...política migratoria de México se basa en la protección de las personas

Por Braulio Serrano Ruíz | viernes, 19 de diciembre de 2025

EMX-Claudia Sheinbaum Pardo...política migratoria de México se basa en la protección de las personas

Mexicali...


En un país marcado por la movilidad humana y la escasez de recursos estratégicos, el Estado mexicano parece decidido a fijar postura en dos frentes que durante años caminaron entre la omisión y la ambigüedad: la defensa de las personas migrantes y el ordenamiento de los derechos de agua. No es casual que, desde Palacio Nacional, la PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO haya sido enfática al afirmar que “México se escribe con M de migrante”, mientras que, en paralelo, avanza una reforma profunda a la LEY DE AGUAS NACIONALES que redefine quién decide, cómo se decide y bajo qué reglas se transmiten los derechos sobre un bien nacional.
En materia migratoria, el mensaje presidencial fue claro y directo. La posición de México no es la criminalización, sino la protección, el respeto a los derechos humanos y la cooperación para el desarrollo. En un contexto internacional cada vez más hostil hacia las personas en tránsito, CLAUDIA SHEINBAUM subrayó que millones de mexicanas y mexicanos han migrado históricamente y que esa realidad forma parte de la identidad nacional. No se trata solo de un discurso simbólico: es una definición política que coloca a la persona migrante como sujeto de derechos y no como problema de seguridad.
La presidenta insistió en que la solución de fondo al fenómeno migratorio no está en muros ni en redadas, sino en atender las causas estructurales que obligan a la gente a dejar sus comunidades. Pobreza, desigualdad, falta de oportunidades y violencia siguen siendo los motores del desplazamiento. De ahí que México insista en la cooperación regional para el desarrollo, particularmente con Centroamérica, como una vía más humana y eficaz que la persecución.
Este enfoque contrasta con narrativas que reducen la migración a cifras o amenazas. Para el gobierno federal, la defensa de las personas migrantes es también una defensa de la soberanía y de la dignidad nacional. El mensaje no es menor: México no renuncia a su historia ni a su responsabilidad, incluso cuando las presiones externas son intensas.
En otro terreno, menos visible mediáticamente pero igual de estratégico, se está dando un viraje de fondo en la gestión del agua. La reforma a la LEY DE AGUAS NACIONALES aprobada en diciembre de 2025 redefine el régimen jurídico de los derechos de agua y pone fin a prácticas informales que durante décadas permitieron la existencia de mercados paralelos. Así lo explica la síntesis elaborada por el FORO PERMANENTE DE AGUAS BINACIONALES (PFBW), basada exclusivamente en el dictamen aprobado por la CÁMARA DE DIPUTADOS.
ROSARIO SÁNCHEZ, directora del PFBW, ha sido puntual al señalar que la reforma no reconoce la venta del agua como un contrato privado. Lo que hace es eliminar la ambigüedad que permitió cesiones opacas y transmisiones disfrazadas, y sustituirlas por un sistema administrativo verificable. A partir de ahora, toda transmisión de derechos solo tiene validez jurídica si es autorizada y registrada por la COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA).
“La ley no legaliza la venta del agua, pero sí pone fin a la ambigüedad que permitió mercados paralelos; ahora toda transmisión debe pasar por un procedimiento administrativo autorizado únicamente por la CONAGUA y de acuerdo con sus nuevos lineamientos de disponibilidad y prioridad”, ha explicado ROSARIO SÁNCHEZ. El cambio es estructural: el agua deja de ser tratada como mercancía negociable entre particulares y vuelve al cauce del control público.
Uno de los elementos clave de la reforma es que una transmisión legítima no constituye un nuevo otorgamiento de derechos. No se crean volúmenes adicionales ni se amplían concesiones. Solo se actualiza la titularidad del mismo título, conservando volumen, uso, zona de extracción y vigencia original, siempre que se acredite la legalidad del acto, la continuidad del uso autorizado y la inexistencia de afectaciones a terceros.
Además, la reforma concentra en la COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA la facultad exclusiva de autorizar, modificar y registrar transmisiones, concesiones y prórrogas. Se eliminan criterios dispares de instancias regionales y se homologan reglas. A esto se suma la obligación de revisar cada dos años la disponibilidad de cuencas y acuíferos con base en información hidrológica actualizada, vinculando las decisiones administrativas con criterios de sostenibilidad.
Migración y agua parecen temas distintos, pero comparten un hilo conductor: la recuperación del papel del Estado como garante de derechos y como autoridad rectora frente a dinámicas que habían sido capturadas por la informalidad, la discrecionalidad o la lógica del mercado. En ambos casos, el mensaje es que no todo puede ni debe resolverse desde acuerdos privados o soluciones de corto plazo.
La defensa de las personas migrantes y el ordenamiento de los derechos de agua son, en el fondo, debates sobre dignidad, justicia y futuro. En uno, se protege a quienes cruzan fronteras buscando una vida mejor. En el otro, se protege un recurso finito sin el cual no hay desarrollo posible. Ambos exigen reglas claras, visión de largo plazo y voluntad política.
El documento del FORO PERMANENTE DE AGUAS BINACIONALES no toma partido político; su objetivo es explicar cómo cambian las reglas del juego. El mensaje presidencial de CLAUDIA SHEINBAUM sobre migración tampoco es retórico: es una definición que coloca a México en una posición ética frente al mundo. En tiempos de polarización y crisis, ordenar y proteger no es poca cosa.


ROSARIO SÁNCHEZ.. Ley de Aguas elimina la ambigüedad en la transmisión de derechos de agua.

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