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Política y Políticos

Claudia Sheinbaum Pardo...Tren Lechería–AIFA en el primer trimestre de 2026

Por Braulio Serrano Ruíz | lunes, 22 de diciembre de 2025

EMX-Claudia Sheinbaum Pardo...Tren Lechería–AIFA en el primer trimestre de 2026

Mexicali...


Hay decisiones públicas que se miden por el tamaño de la obra y otras que se valoran por la profundidad de la regla. Esta semana, el gobierno federal y el Congreso local de Baja California pusieron sobre la mesa dos mensajes distintos, pero complementarios: avanzar en infraestructura estratégica y, al mismo tiempo, cerrar filas en la depuración institucional. Ambos, en el fondo, hablan de Estado. De uno que construye, pero también de uno que se exige a sí mismo.
Desde Palacio Nacional, la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO anunció que el tren Lechería–AIFA estará listo en el primer trimestre de 2026. No se trata de una fecha lanzada al aire ni de una promesa genérica. Es un compromiso calendarizado que busca conectar de manera eficiente el principal aeropuerto del país con la zona metropolitana del Valle de México. En términos políticos, el mensaje es claro: el AIFA no es un proyecto aislado ni simbólico, sino una pieza que se integra a un sistema de movilidad pensado para operar, no solo para existir.
La obra ferroviaria tiene un valor que va más allá del acero y el concreto. Representa la decisión de consolidar una infraestructura que durante años fue cuestionada más por prejuicios que por datos. Conectar el aeropuerto con la red ferroviaria implica reconocer que la movilidad es un derecho funcional y no un privilegio urbano. Implica, también, apostar por un modelo de desarrollo que reduce tiempos, costos y desigualdades territoriales. El tren no es un lujo: es una herramienta de orden.
Mientras tanto, en Baja California, el Congreso del Estado discutió una reforma que no mueve rieles, pero sí estándares. El diputado RAMÓN VÁZQUEZ VALADEZ sometió a consideración del Pleno una iniciativa de reforma al artículo 116 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de reforzar los requisitos de ingreso y permanencia en las instituciones policiales. No es una modificación menor ni cosmética. Es, en los hechos, una actualización obligada para armonizar la norma estatal con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en julio de 2025.
La exposición de motivos fue directa: no se puede pedir confianza ciudadana si las reglas de acceso y permanencia en las corporaciones policiales no están alineadas con los principios constitucionales más elementales. 
La iniciativa retoma una premisa que el propio legislador ha impulsado en otros ámbitos del sector público: la obligatoriedad del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, que quien aspire a portar un uniforme y ejercer autoridad no tenga suspendidos sus derechos ciudadanos ni arrastre sentencias que lo inhabiliten moral y legalmente.
La urgencia de la reforma no radica en una coyuntura mediática, sino en una realidad acumulada. Durante años, los sistemas de seguridad pública han cargado con omisiones normativas que permitieron la permanencia de perfiles incompatibles con la función policial. 
La iniciativa de RAMÓN VÁZQUEZ busca cerrar esas grietas. Establece, con claridad, que no podrán ingresar ni permanecer en las instituciones policiales quienes cuenten con sentencia firme por delitos intencionales contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; contra el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, equiparada o doméstica; por violación a la intimidad sexual; o por violencia política contra las mujeres en razón de género.
Pero el alcance va más allá del catálogo penal. La propuesta incorpora criterios éticos y de derechos humanos que durante mucho tiempo quedaron fuera del radar normativo. No haber participado, favorecido o encubierto violaciones graves a los derechos humanos. No contar con antecedentes como victimario de violencia contra mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas adultas mayores. No haber cometido abuso o maltrato animal. No estar declarado como deudor alimentario moroso. Son requisitos que reflejan una visión integral de la seguridad, donde el perfil del policía no se mide solo por su aptitud física o técnica, sino por su conducta social.
Hay quien podría decir que estas exigencias son obvias. El problema es que durante años no lo fueron en la práctica. Por eso la reforma es relevante: porque convierte lo deseable en obligatorio. Porque deja de confiar en filtros discrecionales y apuesta por reglas claras, verificables y homologadas a nivel nacional. En un contexto donde la seguridad pública sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas, elevar el estándar no es una concesión política, es una responsabilidad institucional.
Visto en conjunto, el anuncio del tren Lechería–AIFA y la iniciativa de reforma en materia de seguridad ciudadana comparten un hilo conductor: la idea de que gobernar implica ordenar. Ordenar el territorio con infraestructura que funcione. Ordenar las instituciones con normas que se cumplan. No hay desarrollo sin conectividad, pero tampoco hay paz sin legitimidad en quienes ejercen la fuerza pública.
El mensaje de fondo es que el Estado no puede avanzar en un solo frente. No basta con inaugurar obras si las instituciones siguen cargando vicios del pasado. Tampoco basta con endurecer requisitos si no hay inversión pública que mejore la vida cotidiana. La gobernabilidad moderna exige ambas cosas al mismo tiempo: obra y regla, tren y ley, concreto y Constitución.
Baja California no es ajena a ese debate. La entidad ha sido históricamente un laboratorio de políticas públicas, tanto en infraestructura como en seguridad. La reforma propuesta en el Congreso local apunta a cerrar un ciclo de tolerancia normativa y abrir uno de exigencia institucional. El tren anunciado a nivel federal apunta a consolidar un modelo de movilidad que durante décadas fue postergado. En ambos casos, la apuesta es la misma: que el Estado vuelva a ser sinónimo de certeza.



RAMÓN VÁZQUEZ VALADEZ… iniciativa para reforzar requisitos de ingreso en las instituciones policiales. 

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