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Política y Políticos

Gloria Arcelia Miramontes Plantillas... impulsa reforma para sancionar la omisión en casos de maltrato animal

Por Braulio Serrano Ruíz | viernes, 26 de diciembre de 2025

EMX-Gloria Arcelia Miramontes Plantillas... impulsa reforma para sancionar la omisión en casos de maltrato animal

Mexicali...


Hay debates que no admiten atajos retóricos ni consignas fáciles. El que hoy se abre en el Congreso de la Unión sobre la muerte asistida es uno de ellos. No se trata de una ocurrencia legislativa ni de una provocación ideológica, sino de un intento por colocar en el centro del marco jurídico mexicano una pregunta incómoda pero inevitable: cómo garantizar la dignidad humana cuando la vida se ha reducido al dolor irreversible. 
En ese terreno espinoso se inscribe la iniciativa impulsada por la diputada NATY POOB PIJY JIMÉNEZ VÁSQUEZ, de Morena, que propone reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para que la muerte asistida pueda practicarse sin que constituya delito ni genere responsabilidad civil, siempre bajo el amparo de la ley y de lineamientos estrictos emitidos por la Secretaría de Salud.
La propuesta no es ligera ni abierta a interpretaciones laxas. Establece con precisión que solo podrán acceder a este procedimiento personas mayores de 18 años, que lo soliciten de manera expresa y por escrito, y cuya petición sea evaluada por un Comité de Bioética encargado de determinar la aptitud de la persona y la procedencia de la solicitud. No hay improvisación: la Secretaría de Salud tendría la responsabilidad de emitir la normatividad, definir requisitos, procedimientos, formatos y, algo central, los tiempos de reflexión necesarios antes de aprobar y ejecutar cualquier procedimiento de muerte asistida.
En un país donde la eutanasia y el suicidio asistido han estado históricamente prohibidos, el texto subraya un elemento clave: el personal médico que practique estos procedimientos deberá estar debidamente autorizado y conserva, en todo momento, el derecho a la objeción de conciencia. Si un médico se niega, la institución de salud estará obligada a asignar a otro profesional no objetor, garantizando así tanto la libertad de conciencia del personal sanitario como el derecho del paciente a que su solicitud sea atendida conforme a la ley.
La iniciativa define con claridad conceptos que suelen confundirse en el debate público. Muerte asistida se entiende como la terminación intencional de la vida, practicada por personal médico autorizado, a solicitud expresa de la persona, mediante eutanasia o suicidio asistido. La eutanasia se describe como el acto intencional, realizado por personal médico, para terminar la vida del solicitante previa aprobación de la autoridad competente. El suicidio asistido, por su parte, implica que el médico proporcione los medios para que la persona ejecute por sí misma el acto, también con autorización previa.
No es un detalle menor que se proponga un nuevo Título Octavo Bis en la Ley General de Salud, dedicado tanto a los cuidados paliativos como a la muerte asistida. 
El objetivo declarado es salvaguardar la dignidad de las personas en situación terminal, asegurando que cualquier procedimiento se realice con apego estricto a protocolos, por personal autorizado y en condiciones dignas. 
A ello se suma la adición de un segundo párrafo al artículo 312 del Código Penal Federal, para dejar explícito que estos procedimientos, cuando se realicen conforme a la ley, no constituyen delito.
La iniciativa reconoce sin rodeos el estado actual del marco legal mexicano, donde se prohíben expresamente la eutanasia, el suicidio asistido y el homicidio por piedad. Sin embargo, introduce un dato que no puede ignorarse: la Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad 2022 revela que el 68.6 por ciento de las personas encuestadas considera que quienes se encuentran en fase terminal y sufren de manera inevitable deberían tener la opción de adelantar su muerte. El 57.7 por ciento estuvo de acuerdo en que el médico proporcione las sustancias para que el paciente las administre, y el 72.7 por ciento cree que las leyes deben cambiar para permitir este tipo de ayuda.
El contexto internacional también es parte del argumento. Países como Suiza, Colombia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, España, Italia, Austria, Alemania, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda cuentan con algún tipo de legislación o regulación en la materia. En América Latina, Colombia y Ecuador han avanzado en la despenalización a través de resoluciones judiciales. La diputada sostiene que México no puede permanecer ajeno a esta discusión global cuando lo que está en juego es el reconocimiento efectivo de derechos como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la integridad física y psíquica.
En paralelo, Baja California ofrece otro ejemplo de cómo el Poder Legislativo local ha comenzado a empujar reformas con un fuerte contenido ético. La diputada de Morena GLORIA ARCELIA MIRAMONTES PLANTILLAS presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, con el objetivo de fortalecer la protección de los animales domésticos. La clave de su propuesta es la inclusión de la omisión como conducta punible en el delito de maltrato animal, cerrando un vacío legal que durante años ha impedido sancionar conductas lesivas por abandono o negligencia.
Esta reforma permitiría a la Fiscalía actuar con mayores herramientas legales, enviando un mensaje claro de cero tolerancia a la violencia contra seres sintientes. Sus efectos, según se expuso, van más allá de la protección animal: contribuyen a la prevención de conductas violentas contra personas y alinean a Baja California con estándares nacionales e internacionales de bienestar animal. 
La diputada recordó que la presidenta de México, CLAUDIA SHEINBAUM, encabezó una reforma histórica que reconoce a los animales como seres sintientes en la Constitución, publicada el 3 de diciembre de 2024, y que en el ámbito estatal la gobernadora MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA impulsó una iniciativa en el mismo sentido.
Ambos debates, aunque distintos, comparten un hilo conductor: la dignidad como eje de la acción legislativa. Dignidad humana en el final de la vida, dignidad de los animales frente al abandono y la violencia. En tiempos de polarización, estas discusiones obligan a ir más allá de la consigna y a asumir la responsabilidad de legislar con seriedad, escuchando a la sociedad y reconociendo que los derechos, para ser reales, deben traducirse en normas claras y aplicables.
Pie de foto: La diputada GLORIA ARCELIA MIRAMONTES PLANTILLAS impulsa una reforma al Código Penal de Baja California para sancionar la omisión en casos de maltrato animal y fortalecer la protección de los seres sintientes.

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