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Política y Políticos
Claudia Sheinbaum Pardo... reiteró su compromiso de seguir trabajando por el bienestar de las familias
Por Braulio Serrano Ruíz | viernes, 2 de enero de 2026
MEXICALI...
El cierre de un año no es solamente una fecha en el calendario, es un momento político. El mensaje de la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO en el último día de 2025 fue eso: una pieza de cierre simbólico, pero también una señal de continuidad. Salud, bienestar y amor no son palabras al azar; son conceptos que han marcado el discurso de la nueva etapa de la Cuarta Transformación y que funcionan como ancla emocional para un país que entra a 2026 con expectativas, tensiones y decisiones de fondo. La presidenta habló de reflexión, de recuento y de deseos, pero también dejó claro que seguirá dedicándose “en cuerpo y alma” al servicio público. No fue una despedida de año nostálgica, sino una afirmación de responsabilidad y compromiso político.
En ese mismo cierre de año se tomó una decisión que marca el fin de una política pública largamente debatida: la derogación definitiva del decreto que permitió la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, los llamados “autos chocolate”. Aunque semanas antes se había anunciado una prórroga hasta noviembre de 2026, la publicación en el Diario Oficial de la Federación confirmó que el ciclo del programa, iniciado en 2022, llegó a su conclusión. Con ello, el gobierno federal envía un mensaje claro: la etapa extraordinaria de regularización se cierra y será necesario construir nuevas reglas para la importación de este tipo de vehículos.
El programa nació con objetivos claros y, en buena medida, medibles. Combatir la delincuencia mediante la identificación vehicular, proteger a la ciudadanía del uso de unidades sin registro, dar certeza jurídica a propietarios e importadores y, al mismo tiempo, generar recursos para infraestructura municipal. No fue un programa menor. A nivel nacional, casi tres millones de vehículos fueron regularizados. En Baja California, la cifra superó los 495 mil, una dimensión que explica por qué el tema tuvo un impacto social y político tan relevante en la entidad.
Los números también cuentan una historia de recursos públicos que llegaron, aunque no sin tropiezos. Cerca de 980 millones de pesos se recaudaron en Baja California por este concepto. Tijuana concentró la mayor parte, seguida de Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito. El dinero tenía un destino claro: obras de infraestructura y bacheo, una necesidad crónica en los municipios fronterizos. Hubo retrasos, especialmente en San Felipe y San Quintín, municipios de reciente creación, y también un reconocimiento implícito de que hacia el final del programa la demanda había caído de forma significativa. Simplemente, ya quedaban pocos vehículos que cumplían con los requisitos.
La derogación del decreto no borra el impacto que tuvo durante cuatro años. Al contrario, obliga a evaluar con seriedad sus resultados y sus límites. Para muchas familias, la regularización significó certeza patrimonial y movilidad legal. Para los gobiernos municipales, recursos extraordinarios. Para el Estado, una herramienta temporal de ordenamiento. Ahora, el reto es mayor: diseñar una política permanente, clara y viable que atienda una realidad fronteriza que no desaparecerá con un decreto. El cierre del programa deja una lección: las soluciones extraordinarias no pueden convertirse en norma, pero tampoco pueden ignorar el contexto social que las hizo necesarias.
En paralelo a estas decisiones de cierre y transición, en el Congreso de Baja California se plantea una discusión que apunta al largo plazo institucional. La propuesta del diputado DANNY FIDEL MOGOLLÓN PÉREZ para crear la Comisión de la Mujer como órgano permanente del Poder Legislativo no es un ajuste administrativo menor. Es una señal de que la agenda de igualdad, derechos humanos y erradicación de la violencia contra las mujeres busca consolidarse con estructuras formales y capacidad de seguimiento real. La creación de la Secretaría de las Mujeres en el ámbito ejecutivo exige, como bien se plantea, un contrapeso legislativo especializado que acompañe, evalúe y supervise las políticas públicas.
La iniciativa va más allá del discurso. Define ámbitos concretos de actuación: prevención de la violencia, participación política, acceso a la justicia, autonomía económica, salud integral, sistema estatal de cuidados, análisis presupuestal y evaluación de políticas públicas. Es decir, propone que la igualdad sustantiva deje de ser un tema transversal difuso y se convierta en una responsabilidad institucional directa, con seguimiento y rendición de cuentas. En un contexto donde la paridad ya es mandato constitucional, el siguiente paso lógico es garantizar que las decisiones presupuestales y legislativas estén alineadas con ese principio.
El cierre de 2025, entonces, no es solamente un balance. Es un punto de inflexión. Un mensaje presidencial que apela al bienestar y al amor como ejes de cohesión social; una política pública que se cierra tras cumplir su ciclo; y una iniciativa legislativa que busca fortalecer la arquitectura institucional de los derechos de las mujeres en Baja California. Todo ocurre al mismo tiempo, como suele pasar en la política real: símbolos, decisiones técnicas y disputas de fondo conviven en el mismo espacio.
De cara a 2026, el desafío será sostener la coherencia entre el discurso y la acción. Que los buenos deseos se traduzcan en normas claras, políticas eficaces y estructuras que funcionen. Que el cierre de programas no genere vacíos, sino transiciones ordenadas. Y que las nuevas comisiones y reformas no se queden en el papel, sino que impacten en la vida cotidiana. El año termina, pero la agenda pública no se detiene.
