Política y Políticos

En tiempos donde la tecnología avanza a pasos agigantados, el derecho suele ir varios metros atrás, tratando de alcanzar una realidad que cambia más rápido de lo que se legisla. Hoy, uno de esos vacíos —peligrosos, delicados y profundamente humanos— está en el uso indebido de la inteligencia artificial para manipular imágenes de personas con fines sexuales.

La propuesta de la Diputada Federal IRMA JUAN CARLOS, integrante de MORENA, apunta precisamente a cerrar esa brecha. Su iniciativa busca adicionar un párrafo al artículo 199 Septies del CÓDIGO PENAL FEDERAL, con el objetivo de sancionar con penas de cuatro a ocho años de prisión, además de multas económicas, a quienes utilicen herramientas digitales para alterar imágenes de otras personas, haciéndolas parecer desnudas o involucradas en actos sexuales explícitos.

No se trata de un tema menor. Tampoco de una discusión lejana o futurista. Es una realidad que ya ocurre, que ya afecta y que, en muchos casos, permanece en la impunidad.

La tecnología de inteligencia artificial, particularmente aquella que permite generar imágenes hiperrealistas —los llamados “deepfakes”— ha democratizado herramientas que antes requerían conocimientos técnicos avanzados. Hoy, cualquier persona con acceso a una computadora o incluso un teléfono móvil puede manipular una fotografía y convertirla en un contenido íntimo falso, pero creíble.

El daño, sin embargo, es absolutamente real.

Porque no se trata solo de una imagen alterada. Se trata de la dignidad de una persona, de su reputación, de su seguridad emocional e incluso física. En muchos casos, las víctimas —principalmente mujeres y menores de edad— enfrentan acoso, extorsión, aislamiento social y consecuencias psicológicas severas.

Ahí radica el fondo de la propuesta: reconocer que la violencia digital ha evolucionado y que el marco legal debe hacerlo también.

México dio un paso importante con la llamada Ley Olimpia, que visibilizó y sancionó la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Sin embargo, como bien señala IRMA JUAN CARLOS, esa legislación no alcanza a cubrir todos los escenarios que hoy permiten las nuevas tecnologías.

Porque aquí no se trata de difundir contenido real, sino de fabricar una realidad falsa que se vuelve igual de dañina.

La iniciativa propone equiparar la manipulación de imágenes con fines sexuales a otros delitos ya tipificados, particularmente aquellos relacionados con la explotación de contenido íntimo de personas vulnerables. Esto no solo endurece las sanciones, sino que envía un mensaje claro: el uso de la tecnología no puede estar por encima de los derechos humanos.

Y es que, en el fondo, la discusión no es tecnológica. Es ética. Es legal. Es profundamente social.

El crecimiento exponencial de estas prácticas ha dejado al descubierto una laguna jurídica que permite que muchos agresores actúen sin consecuencias. La facilidad con la que se crean y distribuyen estas imágenes contrasta con la dificultad de las víctimas para obtener justicia.

Ahí es donde el Estado debe intervenir.

No para frenar la innovación, sino para establecer límites claros. No para prohibir la tecnología, sino para evitar su uso como herramienta de violencia.

En ese sentido, la propuesta de IRMA JUAN CARLOS llega en un momento clave. No solo por el incremento de casos, sino porque abre una conversación más amplia sobre la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial.

Porque si bien estas herramientas tienen un enorme potencial en campos como la medicina, la educación o la industria, también pueden convertirse en armas silenciosas cuando se utilizan sin regulación.

Y el problema no es hipotético. Es cotidiano.

Cada vez son más los casos documentados de mujeres cuya imagen ha sido manipulada para crear contenido falso que luego circula en redes sociales, plataformas digitales o incluso espacios de mensajería privada. En muchos de estos casos, las víctimas ni siquiera saben quién está detrás de la agresión.

La anonimidad digital, combinada con la rapidez de difusión, convierte estos delitos en particularmente complejos de investigar y sancionar.

Por eso, la reforma no solo busca castigar, sino también prevenir.

Al tipificar de manera específica esta conducta, se genera un marco que permite a las autoridades actuar con mayor claridad, a las víctimas denunciar con mayor certeza y a la sociedad entender que no se trata de una “broma” o un “juego”, sino de un delito.

Además, el enfoque en grupos vulnerables —mujeres, menores de edad— es fundamental. Son ellos quienes más frecuentemente sufren este tipo de agresiones y quienes, históricamente, han enfrentado mayores obstáculos para acceder a la justicia.

La iniciativa también plantea un mensaje político relevante: el reconocimiento de que la violencia digital es una extensión de la violencia estructural que existe fuera de las pantallas.

No es un fenómeno aislado. Es parte de un problema más amplio.

En Baja California, como en el resto del país, el uso de redes sociales y plataformas digitales es parte de la vida cotidiana. Pero también lo es la exposición a riesgos que, hasta hace pocos años, ni siquiera existían.

De ahí la importancia de que el marco legal evolucione al mismo ritmo.

La discusión ahora pasará a la COMISIÓN DE JUSTICIA, donde se analizará el alcance y la viabilidad de la propuesta. Sin embargo, más allá del proceso legislativo, el tema ya está sobre la mesa: la necesidad de proteger la privacidad, la dignidad y la integridad de las personas en un entorno digital cada vez más complejo.

Porque si algo deja claro esta iniciativa, es que la tecnología no es neutral. Depende de cómo se use. Y, sobre todo, de cómo se regule. El reto para el Estado mexicano es claro: no llegar tarde. Porque en la era de la inteligencia artificial, la justicia también necesita actualizarse.