Política y Políticos

En un momento en el que la política social del país se encuentra en plena consolidación, el debate sobre la eficacia real de los programas del bienestar vuelve a colocarse en el centro de la discusión pública. No se trata únicamente de cuánto se entrega, sino de cuánto llega realmente a las manos de las y los beneficiarios. Bajo esta lógica, el Diputado Federal Armando Samaniego ha puesto sobre la mesa una iniciativa que, aunque técnica en apariencia, toca un tema profundamente sensible: las comisiones bancarias que se cobran al retirar efectivo.

La propuesta plantea reformar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros para prohibir que las instituciones bancarias cobren comisiones por retiro de efectivo cuando se trate de recursos provenientes de programas sociales del Gobierno Federal. Es decir, que el dinero que el Estado entrega llegue completo, sin “mermas invisibles” que, acumuladas, representan una carga significativa para quienes menos tienen.

Actualmente, retirar efectivo en cajeros automáticos de instituciones distintas puede costar entre 10 y 40 pesos por operación. Para muchos usuarios esto puede parecer menor, pero para millones de personas que dependen de apoyos como pensiones, becas o transferencias directas, ese monto representa una disminución real en su capacidad de compra. En términos simples: es dinero que deja de destinarse a alimentos, medicinas o transporte.

El planteamiento del legislador no surge en el vacío. Forma parte de una lógica más amplia impulsada por el gobierno federal encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que ha apostado por la entrega directa de recursos como mecanismo para evitar intermediarios y reducir la corrupción. Sin embargo, en la práctica, el sistema financiero aún impone barreras que afectan esa intención.

Uno de los principales problemas es la cobertura del Banco del Bienestar. Si bien ha crecido de manera importante en los últimos años, todavía existen amplias zonas del país —particularmente en comunidades rurales y regiones alejadas— donde no hay sucursales o cajeros disponibles. Esto obliga a los beneficiarios a recurrir a otras instituciones bancarias, donde inevitablemente se enfrentan al cobro de comisiones.

Ahí es donde la iniciativa de SAMANIEGO cobra relevancia. La reforma propone adicionar un inciso al artículo 4 Bis de la ley para establecer de manera explícita la prohibición de estas comisiones cuando el dinero provenga de programas sociales depositados en cuentas destinadas para ese fin. En otras palabras, busca cerrar un vacío legal que hasta ahora permite que el sistema financiero capture una parte de los recursos públicos.

El argumento central del diputado es claro: los apoyos sociales tienen un propósito específico, y cualquier reducción en su monto efectivo contradice ese objetivo. “No es aceptable que una parte de ese recurso termine en manos de instituciones financieras por concepto de comisiones”, ha señalado. La frase resume una preocupación legítima que conecta directamente con el discurso de justicia social que ha marcado la actual etapa política del país.

Más allá del discurso, la iniciativa abre un debate importante sobre el papel de la banca en la política social. Durante años, el sistema financiero ha operado bajo reglas de mercado que priorizan la rentabilidad. Sin embargo, cuando se trata de recursos públicos destinados a población vulnerable, la lógica cambia. El acceso al dinero no debería convertirse en un costo adicional.

También pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer la infraestructura del Banco del Bienestar. Si bien eliminar las comisiones puede ser una solución inmediata, el objetivo de fondo sigue siendo garantizar que todas las personas puedan acceder a su dinero sin depender de terceros. Esto implica ampliar la red de cajeros, mejorar la cobertura territorial y asegurar la funcionalidad de los servicios.

En Baja California, donde conviven zonas urbanas altamente bancarizadas con comunidades que aún enfrentan limitaciones de acceso, el tema adquiere una dimensión particular. Municipios como San Quintín o regiones rurales de Ensenada reflejan con claridad esta brecha. Para muchos beneficiarios, trasladarse largas distancias para evitar una comisión no es una opción viable, por lo que terminan absorbiendo el costo.

La propuesta de SAMANIEGO, en ese sentido, tiene un impacto potencial directo en miles de familias bajacalifornianas. No solo representa un ahorro inmediato, sino también un reconocimiento de que cada peso cuenta cuando se trata de programas sociales.

Sin embargo, como toda iniciativa, enfrentará resistencias. Las instituciones financieras podrían argumentar que el cobro de comisiones responde a costos operativos y acuerdos entre bancos. También es probable que el debate se traslade al terreno técnico sobre la viabilidad de implementar esta medida sin afectar la operación del sistema.

Ahí será clave el papel del Congreso y la capacidad de construir consensos. La discusión no debería centrarse únicamente en los intereses de la banca, sino en el impacto social de la medida. Al final, se trata de decidir si el sistema financiero debe adaptarse a la política social o si esta última debe seguir subordinada a las reglas del mercado.

Lo cierto es que la iniciativa abre una ventana para replantear la relación entre Estado, banca y ciudadanía. En un país donde millones de personas dependen de los programas del bienestar, garantizar que el dinero llegue completo no es un detalle menor, sino un principio básico de justicia.

En tiempos donde cada peso tiene un valor tangible en la vida cotidiana, eliminar estas comisiones podría parecer una medida sencilla, pero su impacto sería profundo. No solo en el bolsillo de las familias, sino en la credibilidad de un modelo de política social que busca, precisamente, no dejar a nadie atrás.