Política y Políticos

En Baja California, los indicadores políticos y sociales comienzan a alinearse en una misma narrativa: respaldo ciudadano, posicionamiento electoral y decisiones de gobierno que buscan reforzar el discurso de austeridad y bienestar. Esta semana, tres temas distintos reflejan ese momento.

Por un lado, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se consolidó en el Top 10 de los mandatarios mejor evaluados del país, al ubicarse en la décima posición con 59.9 por ciento de aprobación, de acuerdo con la medición de abril de 2026 de la firma Statistical Research Corporation (SRC). El vocero estatal de Morena, Catalino Zavala Márquez, señaló que este nivel de confianza ciudadana responde a resultados concretos y no a coyunturas políticas.

Entre esos resultados, destacó que Baja California se posiciona actualmente como el estado con menor pobreza en la República, además de ocupar el cuarto lugar nacional en captación de Inversión Extranjera Directa. A ello se suma una proyección de inversión en infraestructura que supera los 50 mil millones de pesos, lo que refleja una política pública orientada al bienestar social y la estabilidad económica.

En otro frente, el escenario político en Mexicali comienza a tomar forma. De acuerdo con la más reciente encuesta de la casa Enkoll, el diputado Armando Samaniego encabeza las preferencias para la Presidencia Municipal, colocándose como el perfil más competitivo hasta el momento con un 50 por ciento de preferencia efectiva.

En la comparación directa con el comunicador Gustavo Macalpin, vinculado a la alianza PRI-PAN, la distancia es de 16 puntos, lo que refuerza su posicionamiento dentro del escenario político local de cara al próximo proceso electoral.

En el ámbito legislativo, el Congreso del Estado también se sumó a esta dinámica. La presidenta de la legislatura, Michel Sánchez Allende, destacó la aprobación de una reducción de 52 millones de pesos al presupuesto del Poder Legislativo.

La medida busca disminuir el gasto administrativo para redirigir esos recursos a obras de infraestructura y programas sociales. De acuerdo con la legisladora, este ajuste responde a la política de austeridad que prioriza la inversión en la ciudadanía por encima del aparato burocrático, alineándose con una lógica de eficiencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.