Política y Políticos

Una tensa calma se observa entre los morenistas aspirantes a relevar a Norma Alicia Bustamante Martínez, al frente del Gobierno de Mexicali, en espera de que su partido emita la convocatoria que establecerá las bases para la participación en este proceso interno.

Y bueno, en la lista de prospectos siguen figurando (primero las damas) Claudia Beltrán, Michel Sánchez Allende, Michelle Tejeda, Armando Samaniego, Netza Jáuregui y Jaime Cantón, más los que permanecen agazapados para evitar el golpeteo anticipado, y que seguramente se sumarán llegado el momento. Será interesante observar el desarrollo y culminación del proceso, y la reacción que tendrán quienes resulten "damnificados". Tiempo al tiempo.

Por otro lado, Margarita de Sánchez, quien fuera esposa del finado Gustavo Vázquez Sánchez, ex alcalde de Mexicali y Senador de la República, apareció en redes sociales para realizar una presentación ante la sociedad, con miras a buscar la nominación como candidata a la presidencia municipal de la capital del estado por el PAN.

“Tengo 40 años en la política, he acompañado a Gustavo como alcalde y senador, fui presidenta del DIF y ahí me di cuenta de la necesidad para Mexicali, del albergue Peregrino y ayudar a las personas más vulnerables con 11 600 acciones”, dice el mensaje.

Asimismo, detalló que, al acompañar a su esposo en la función pública, se dio cuenta de que se debe estar presente para trabajar juntos y buscar soluciones a las necesidades que tiene la ciudad.

De igual manera, dijo que es abogada con experiencia en la administración pública y privada.

“Soy Margarita de Sánchez una ciudadana más”, finaliza su presentación.

Gustavo de Hoyos Walther, en su momento presidente de Coparmex a nivel nacional, dijo que próximos días presentará una iniciativa para su discusión en el Congreso de la Unión, que busca establecer un piso mínimo de apoyo económico y financiero para la educación en México.

El argumento que detalla el empresario, es adicionar una fracción XI al artículo 3º de la Carta Magna para elevar a rango supremo lo que ya contempla, sin éxito vinculante, la Ley General de Educación desde 2002: un financiamiento base garantizado que no sea menor al 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública, destinando al menos el 1% de este indicador a la educación superior, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

Respaldó su convicción que el fortalecimiento de la educación superior en particular es una condición necesaria para el desarrollo de un país donde actualmente hay presiones por parte del grupo en el poder para disminuir el apoyo presupuestal a universidades públicas.

Según cifras de la Secretaría de Hacienda y del IMCO, el gasto público destinado a la función educativa se ha contraído de manera sostenida, pasando de representar el 16.20% del gasto total en 2020 a un desalentador 10.74% en 2025, indicó De Hoyos Walther.

“Estamos muy por debajo del 5% que promedia la OCDE y a una distancia abismal del 8% que la ley federal establece como meta idónea”, detalló.