San Quintín

SAN QUINTÍN.- La regularización de la tenencia de la tierra en San Quintín requiere capacidad técnica, personal, equipamiento e infraestructura administrativa suficientes para procesar los expedientes y evitar que las limitaciones operativas retrasen un proceso con efectos en el desarrollo económico y urbano del municipio, consideró el ingeniero Edgar Rojo Medina, presidente del Comité Directivo de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) en Baja California.

Hizo un llamado al Gobierno Municipal y a quienes participan en las decisiones presupuestales a dimensionar el trabajo técnico que implica regularizar un predio, debido a que el procedimiento puede involucrar revisión documental, antecedentes inmobiliarios, inspecciones, levantamientos, dictámenes, información catastral y actuaciones jurídicas.

“Regularizar no es recibir documentos y entregar un título. Existe un proceso técnico detrás y el municipio necesita contar con los recursos humanos, materiales y tecnológicos para realizarlo. Si existe la oportunidad de avanzar en miles de expedientes, también tiene que existir capacidad para procesarlos”, mencionó.

Señaló que la discusión debe considerar, además, los efectos económicos posteriores a la regularización, ya que incorporar predios al padrón catastral amplía la base de contribuyentes y genera ingresos municipales que posteriormente pueden destinarse a servicios e infraestructura.

Indicó que la certeza jurídica también permite a las familias acreditar su patrimonio, realizar operaciones sobre sus propiedades, transmitirlas a las siguientes generaciones y acceder a procesos formales de construcción, ampliación o mejoramiento.

Explicó que un predio regularizado entra a otra dinámica; puede incorporarse formalmente al desarrollo urbano, genera obligaciones fiscales y permite que una familia tome decisiones sobre un patrimonio jurídicamente reconocido. “Eso también tiene consecuencias para la economía municipal”, mencionó.

El presidente de la AMIC agregó que la regularización genera actividad para una cadena de valor integrada por construcción, ingeniería, arquitectura, topografía, materiales, instalaciones eléctricas e hidráulicas, servicios técnicos, comercio y otros proveedores vinculados al desarrollo de vivienda e infraestructura.

Señaló que el impacto no termina en la propiedad individual, debido a que el ordenamiento territorial permite planear redes de agua potable, drenaje, electrificación, vialidades, equipamiento y otros servicios requeridos por las comunidades.

“San Quintín tiene un rezago de por lo menos tres décadas en esta materia; y si hoy existe la posibilidad de avanzar, el gobierno debe tener la infraestructura necesaria para hacerlo. El costo de no contar con capacidad también debe medirse: son expedientes que no avanzan, predios que permanecen fuera de la formalidad y familias que continúan sin certeza sobre su patrimonio”, sostuvo Rojo Medina.

Consideró, por tanto, que los recursos destinados al proceso deben estar sustentados técnicamente, desglosados y sujetos a resultados, pero señaló que la revisión presupuestal debe considerar las dimensiones territoriales y operativas del trabajo que deberá realizarse.

“El llamado es al entendimiento y a resolver técnicamente. Que se revise cuánto personal se necesita, qué equipo, qué infraestructura y cuánto cuesta. Pero que la capacidad del gobierno no sea el obstáculo para regularizar lo que tenga que regularizarse”, concluyó.