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Empresario Fernando Salgado Chávez Aclara Propiedad en Rancho Santa Fe y Niega Vínculos Ilícitos

Por Redacción | jueves, 29 de mayo de 2025

EMX-Empresario Fernando Salgado Chávez Aclara Propiedad en Rancho Santa Fe y Niega Vínculos Ilícitos

El empresario Fernando Salgado Chávez negó ser prestanombres de la gobernadora Marina del Pilar Ávila y aclaró que la residencia en Rancho Santa Fe fue comprada y vendida legalmente por su empresa INTL Builders Inc.


El empresario binacional Fernando Salgado Chávez, reconocido por su trayectoria en el sector inmobiliario, salió al paso de recientes señalamientos en su contra y aclaró categóricamente que no es prestanombres de ningún funcionario público, incluida la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Salgado Chávez explicó que la residencia ubicada en el exclusivo sector de Rancho Santa Fe, en el condado de San Diego, fue adquirida legalmente a través de su empresa, INTL Builders Inc, con sede en Chula Vista, California. El empresario precisó que la compraventa del inmueble se concretó en 2023 y fue vendida el pasado 19 de mayo de 2025, varios días antes de que la existencia de la propiedad se hiciera pública.

Detalló que el objetivo de la compra fue remodelar y vender la residencia, como parte de una práctica de negocio que ha mantenido durante más de una década. Asimismo, aceptó su amistad con la mandataria estatal, pero negó tajantemente cualquier participación en actos ilícitos o acuerdos internos respecto a la propiedad.

La controversia surgió cuando usuarios en redes sociales notaron que una imagen compartida por la gobernadora coincidía con la sala de dicha casa. En respuesta, tanto personas cercanas a Marina del Pilar como el propio Gobierno del Estado aclararon que la mandataria no es propietaria del inmueble y que la presencia en el lugar obedecía a una celebración por el Día del Padre organizada por el empresario.

Ante los señalamientos publicados por Los Ángeles Press, Salgado anunció que emprenderá acciones legales en Estados Unidos por las falsedades difundidas en torno a su persona y su compañía, las cuales incluyeron acusaciones sin sustento sobre sobreprecios, irregularidades legales e incluso presunto lavado de dinero.

Finalmente, el empresario subrayó que no es servidor público y, por tanto, no tiene la obligación de presentar declaraciones patrimoniales, defendiendo su derecho a la privacidad y a ejercer libremente sus actividades empresariales dentro del marco de la legalidad.

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