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Designación de Flores Campbell al Consejo de Seguridad desata críticas por omisiones en la era García Luna
Por Redacción | lunes, 1 de diciembre de 2025
TIJUANA.– La designación de Edgardo Flores Campbell como presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana desató una oleada de rechazo entre organizaciones civiles, activistas y especialistas en seguridad. Su llegada, afirman, representa un retroceso para la vigilancia ciudadana en un municipio que enfrenta niveles críticos de violencia.
Flores Campbell, exresponsable del Órgano Interno de Control de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública federal, arrastra un cuestionamiento recurrente: “el auditor que no vio nada”. Con ese mote, colectivos recuerdan que el funcionario estuvo en posición de detectar y denunciar las irregularidades que marcaron la gestión de Genaro García Luna, hoy condenado por vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, nunca emitió alertas ni activó mecanismos internos para frenar la corrupción que después se comprobó en tribunales.
La crítica se extiende también a su paso por la Dirección de Contrainteligencia del CISEN, donde tampoco señaló anomalías durante una etapa oscura en el aparato federal de seguridad.
Para activistas locales, la contradicción es evidente: ¿cómo puede encabezar la supervisión ciudadana alguien que no fiscalizó cuando tenía la responsabilidad y las herramientas para hacerlo?
Los señalamientos apuntan a un riesgo mayor: la “captura institucional” del espacio ciudadano de vigilancia. Consideran que el Consejo debe ser liderado por perfiles independientes y legitimados socialmente, no por funcionarios reciclados del viejo sistema de seguridad federal.
En redes sociales y foros locales, la percepción es igual de crítica. “Si no vio la corrupción de García Luna, ¿qué podrá ver en Tijuana?”, cuestionan ciudadanos que ven en el nombramiento un golpe a la credibilidad del organismo.
Mientras la inseguridad sigue presionando a la ciudad, la figura de Flores Campbell se convierte en un símbolo de desconfianza y de la distancia cada vez mayor entre las instituciones de seguridad y la legitimidad social que requieren para operar.