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Senadores panistas rechazan reforma electoral y exigen sanciones por infiltración del narco.
Por Ana Lilia Ramírez | sábado, 7 de marzo de 2026
El senador por Baja California, Max García, afirmó que la iniciativa enviada por la Presidencia no atiende temas de fondo como el dinero ilícito en campañas y propuso cancelar el registro
TIJUANA.— Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) manifestaron su rechazo a la reforma electoral enviada por la Presidencia de la República al considerar que la iniciativa está incompleta y no atiende problemas de fondo como la infiltración del crimen organizado en campañas políticas.
El senador por Baja California, Max García, señaló que la propuesta debería incluir sanciones claras contra partidos políticos que postulen candidatos vinculados con grupos delictivos o que reciban financiamiento ilegal.
“Como PAN lo que hemos venido pidiendo es que se atienda la problemática de las filtraciones del crimen organizado en las campañas, el dinero ilícito y que haya una sanción específica para el partido que proponga candidatos ligados al crimen organizado”, expresó.
El legislador indicó que entre las propuestas de su bancada se plantea cancelar el registro de un partido político o incluso anular una elección cuando se compruebe la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
Asimismo, manifestó preocupación porque, históricamente, las reformas electorales han sido impulsadas por partidos de oposición y no por el gobierno en turno, lo que —dijo— podría reflejar un interés político específico.
“Estaremos muy atentos a la discusión que se dé, pero el PAN de entrada va en contra de esta propuesta”, afirmó.
Durante su visita a Tijuana, el senador también se refirió al caso del viaducto elevado, obra que presuntamente provocó deslizamientos que afectaron viviendas y una escuela. Indicó que hasta el momento no han recibido respuesta a la solicitud de comparecencia de funcionarios responsables del proyecto.
“Se habla de una obra de alrededor de 16 mil millones de pesos, por lo que no debería ser complicado resolver la situación de 30 o 40 familias afectadas, así como del plantel educativo”, señaló.
Finalmente, el legislador comentó que ha sostenido reuniones con organismos empresariales como Coparmex, Canaco, CCE y Canirac, quienes —dijo— han manifestado preocupación por la falta de estímulos económicos y fiscales.
Según expuso, en Baja California en los últimos cuatro años han cerrado alrededor de 40 mil empresas, lo que ha provocado pérdida de empleos y una desaceleración económica.
Ante ello, consideró urgente implementar estrategias que fortalezcan al sector productivo, entre ellas establecer de manera permanente el IVA del 8% en la frontera, además de incentivos que permitan evitar que pequeñas y microempresas pasen de la formalidad a la informalidad.